Ucrania y Rusia se verán la cara este lunes y martes en el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) por la “manipulación de la noción de genocidio para justificar una agresión”; aunque Kiev pide medidas provisionales para frenar la guerra, esta Corte no procesa individuos y queda en manos de la voluntad de Moscú cumplir su dictamen.
Kiev intenta “darle la vuelta de una forma muy inteligente” a lo que Rusia está haciendo, señala a Efe Marieke de Hoon, experta en derecho internacional.
Para legitimar el uso de la fuerza, Moscú acusó al gobierno ucraniano de cometer un presunto genocidio en las regiones de Luhansk y Donetsk, y la interpretación de esto es el centro de la demanda ante el TIJ.
Este órgano judicial, fundado en 1945, no procesa individuos por crímenes específicos como los de guerra: su papel es dar un veredicto en casos de disputas entre Estados, pero solo tiene jurisdicción si ambos países lo consienten.
Aunque Moscú no consiente, tanto Rusia como Ucrania firmaron la Convención sobre el Genocidio -el tratado usado por Moscú para legitimar la agresión a Ucrania-, incluida una cláusula en la que se comprometen a que, en caso de disputa sobre cómo interpretar esta noción, el TIJ tiene jurisdicción para opinar sobre ello, y un Estado puede unilateralmente llevar el caso ante sus jueces.
“Aunque lo que realmente quiere Ucrania es llevar el crimen de agresión ante el TIJ, no puede. Pero esta es una forma de llevar el caso ante este tribunal: dado que Rusia dijo que Ucrania había cometido un genocidio y que por eso interviene, y Ucrania no lo cree así, Kiev argumenta ahora que hay una disputa sobre ese tratado y pide opinar al TIJ”, dice De Hoon.
La Convención recoge la obligación de sus firmantes a prevenir un genocidio, pero eso no da carta blanca a usar la fuerza contra otro Estado, algo que numerosos líderes coincidieron en denunciar, como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que consideró "la invasión injustificada de Rusia como una grave violación del derecho internacional”.
El embajador ucraniano ante la Unión Europea (UE) y la OTAN, Vsevolod Chentsov, explicaba el pasado domingo en rueda de prensa que Moscú empezó la guerra con “pretextos artificiales, imaginarios, inexistentes, acusando a Ucrania de contemplar o cometer un crimen de genocidio, lo que es una completa mentira” y subrayaba que Kiev “lleva a Rusia a discutir estas cuestiones legales donde hay que hacerlo, en la corte internacional”.
Y como los procesos ante la Justicia internacional tardan años, Kiev ha pedido al TIJ medidas provisionales que puedan paralizar la guerra mientras sus jueces deliberan sobre el contenido de la disputa: la interpretación de la noción de genocidio.
“El uso de la justicia internacional es un proceso largo, pero hemos pedido a la Corte que use su poder y anuncie medidas preliminares para exigir a las partes involucradas poner fin a todas las actividades militares. Contamos con que la Corte emita esta orden lo más pronto posible”, explicó Chentsov.
Pero hay dos retos: la guerra ya está en marcha y “el concepto ‘pronto’ es muy relativo en la justicia internacional, aunque el TIJ es imprevisible y puede que los jueces reaccionen en cuestión de días o semanas con esas medidas provisionales”, analiza De Hoon.
El otro problema está en que, aunque los dictámenes del TIJ son vinculantes, no tiene medios para hacerlos cumplir, por lo que responder a sus exigencias queda en manos de la "buena" voluntad del presidente ruso Vladimir Putin.
Este es el segundo caso entre Ucrania y Rusia ante el TIJ, que tiene pendiente la cuestión de la anexión de Crimea de 2014. La Corte pidió a las partes en 2017 que eviten escalar el conflicto, “lo que obviamente no es lo que está haciendo ahora Moscú, que está violando ese fallo” preliminar, señala De Hoon.
Por tanto, ¿qué esperanzas tiene Ucrania para frenar la guerra y llevar a los agresores ante la Justicia internacional? “Si Putin ya violó esas medidas de 2017, tampoco es previsible que haga caso a unas nuevas”, lamenta la experta.
Los letrados tampoco son optimistas. Uno de los abogados de Rusia, el francés Alain Pellet, renunció esta semana al caso frente a Ucrania con un argumento escéptico: “Los abogados pueden defender causas más o menos discutibles, pero se hace imposible representar en foros dedicados a la aplicación de la ley a un país que tan cínicamente la desprecia”, escribió. Y no es el único que se ha retirado del procedimiento.
