Nuevo desencuentro en el seno del Botánico. En esta ocasión el enfrentamiento se centra en el nivel de valenciano a exigir a los funcionarios de la Generalitat, el conocido como requisito lingüístico.
En los próximos meses ese conocimiento de valenciano dejará de ser un mérito y pasará a convertirse en requisito obligatorio para acceder a la administración. El problema se encuentra ahora en qué nivel de conocimiento sobre la lengua se debe exigir para cada puesto.
Ya fue complicada la negociación que aprobaba la Ley en marzo de 2021, pero ahora las diferencias entre PSPV y Compromís se hacen más patentes. La Función Pública depende de la Conselleria de Justicia, dirigida por la socialista, Gabriela Bravo, pero la política Lingüística es competencia de Educación, con Vicent Marzà a la cabeza.
Los socialistas abogan por un requisito lingüístico con matices y limitaciones, adaptable incluso a las zonas castellanohablantes. Compromís es mucho más exigente.
La comisión de competencia lingüística ha debatido y estudiado las diferentes propuestas y ha vuelto a enfrentar a los socios de gobierno.
El equipo de trabajo ha sido incapaz de consensuar el nivel de valenciano que se exigirá a los altos funcionarios, es decir, a los cuerpos A1 y A2.
Al parecer los socialistas son partidarios de exigir únicamente un nivel B2 de valenciano, sin embargo, Compromís pretende exigir un nivel más avanzado, un C1 que equivale a lo que antiguamente era el Mitjá.
La Comisión de Competencia Lingüística ha entregado su informe a la titular de Justicia, Gabriela Bravo, pero no elude la polémica. Han trasladado dos alternativas que la consellería deberá estudiar para elaborar el decreto. Eso sí, Compromís ya ha adelantado que rechazará cualquier propuesta que pida un nivel inferior al C1 al alto funcionariado de la administración.
