La Policía Nacional ha detenido a seis hombres y una mujer de entre 31 y 49 años vinculados presuntamente a una organización dedicada al favorecimiento de la inmigración ilegal de ciudadanos marroquíes, a través de expedientes de reagrupación familiar con documentación falsificada que realizaba una gestoría.
Los cabecillas de esta organización, de nacionalidades española y marroquí, llegaban a exigir a sus víctimas el pago de hasta 3.000 euros por promover este tipo de expedientes, confeccionados con documentación falsa, ha informado la Policía Nacional.
El presunto artífice de esta trama es un hombre de nacionalidad española y origen marroquí que actuaba como responsable de una gestoría que se había especializado en la tramitación de expedientes de reagrupación familiar.
Este tipo de trámite permite que un ciudadano extranjero con residencia legal en España pueda regularizar a sus familiares más cercanos, pero cumpliendo con ciertos requisitos, como el de tener capacidad económica suficiente y disponer de una vivienda habitable.
La organización estaría compuesta por cuatro individuos de nacionalidad marroquí y tres de nacionalidad española, en el que existiría un reparto de papeles en el funcionamiento de esta trama delictiva.
Uno de los detenidos, una ciudadana marroquí de 36 años, fue detenida en El Ejido (Almería), mientras que el resto lo fue en la provincia de Granada.
El modo de operar de esta red delictiva giraba en torno a la captación de posibles clientes, a través de anuncios falsos de alquiler de viviendas en portales inmobiliarios.
Cuando los extranjeros contactaban interesándose por el alquiler de los inmuebles ofertados, eran remitidos al gestor, que bajo la promesa de rapidez y eficacia les ofrecía la consecución de permisos de residencia por reagrupación para sus familiares, pero siempre a cambio de importantes cantidades de dinero.
Otros miembros de esta organización se encargaban de buscar viviendas o casas-cueva vacías, cuyo alquiler simulaban con la falsificación de la firma de los titulares.
El destino final de estos contratos era el de ser adjuntados a los expediente de reagrupación familiar que se promovían desde la gestoría investigada.
Según la Policía, era tal el éxito de la gestoría, que había dado lugar a un efecto llamada para inmigrantes residentes en otras provincias limítrofes con Granada.
Durante el registro del domicilio de uno de los detenidos los agentes encontraron una maleta con 20.000 euros en metálico, presuntamente fruto de la actividad delictiva.
Tras ser puestos a disposición judicial, los detenidos están en libertad a la espera de comparecer en juicio.
