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Cae una red en España que hizo creer a jubilados de EEUU que habían ganado la Lotería

Un total de 80 personas han sido detenidas por pertenecer a una organización criminal que habrían estafado a más de 1.000 personas en todo el mundo

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Un total de 80 personas han sido detenidas, 61 de ellas en España, por pertenecer a una organización criminal, que habrían estafado a más de 1.000 personas en todo el mundo a través del método de las cartas nigerianas.

La Policía Nacional ha detenido a estas 61 personas en las provincias de Madrid, Barcelona, Málaga y Santander en una operación desarrollada de forma conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Europol. Además fueron detenidas 16 personas en Portugal y tres en Reino Unido

La operación se ha realizado a través de 53 registros simultáneos en los que se han intervenido más de 500.000 dólares, 30.000 euros, 200 terminales telefónicos, ordenadores y vehículos.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha explicado que los investigadores estiman que la organización logró estafar a más de 1.000 víctimas, principalmente a personas mayores con residencia en EE.UU., y que se trata de una de las mayores organizaciones criminales dedicadas a esta modalidad delictiva.

El núcleo directivo estaba asentado en las localidades madrileñas de Parla y Fuenlabrada, con ramificaciones en todo el territorio nacional, en Reino Unido, México y Estados Unidos.

La investigación se inició a finales del año 2019 cuando los agentes detectaron paquetería procedente de EE.UU. con elevadas cantidades de dinero ocultos en el interior de revistas.

La organización encargaba a una copistería de Fuenlabrada la impresión masiva de las cartas simulando premios de lotería o de otro tipo así como herencias de familiares no reclamadas. Se imprimían de dos maneras, bien con el nombre y apellidos de las víctimas, o bien de manera generalizada y después adquirirían las etiquetas individualizadas con los datos personales y dirección para colocarlas en los sobres.

Tras esto, se trasladaban a Portugal con maletas a través de turismos o autobuses para enviarlas de manera masiva, puesto que el coste del servicio era más bajo que en España. Los investigadores calcularon que el gasto aproximado en todas las cartas enviadas podría ascender a 500.000 euros.

Las víctimas, siempre personas de edad avanzada y jubiladas, contactaban con el teléfono que figuraba en las cartas, desde donde les realizaban un pequeño cuestionario para conocer su poder adquisitivo, engañándolas hasta que creían que habían sido las agraciadas. Les informaban que para poder reclamar el premio debían abonar una cantidad inicial en concepto de tasas e impuestos burocráticos llegando los afectados a desembolsar entre 1.000 y 30.000 euros.

La organización tenía un sistema de ocultación del beneficio que consistía en ordenar a sus víctimas que remitiesen el supuesto pago de las tasas mediante transferencia a otra posible víctima. A ésta le hacían creer que se le prestaba para que pudiera completar su pago.

Así, extraía el dinero prestado y, junto a lo que ella podía reunir, lo enviaba en metálico a un tercero, también víctima, que lo remitía a su vez a un miembro de la organización en España siendo éste el destinatario final. El dinero iba oculto en revistas o catálogos que fueron interceptados por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, gracias a sus controles y alertas de movimientos de la paquetería en las aduanas.

Una vez tenían en su poder el dinero, lo enviaban a su país de origen a través de personas del entramado dedicadas a viajar, conocidas como "mulas" escondiéndolo en el equipaje o en tarjetas monedero.

MÁS DE 60 DETENCIONES EN ESPAÑA

De los 80 detenidos, 61 han sido en España, 16 en Portugal y tres en Reino Unido, mientras que se han realizado 24 registros en España, 26 en Portugal y tres en Reino Unido.

Los registros en España han tenido lugar en los municipios madrileños de Parla y Fuenlabrada, en Santander y en la localidad malagueña de Benalmádena. Los arrestados han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de estafa, falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El número de víctimas identificadas supera las 400 pero se estima que puede llegar a haber más de 1.000 en todo el mundo.

En la operación han colaborado el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, el Department of Homeland Security norteamericano, la Policía Judiciaria portuguesa y la National Crime Agency británica.

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