El portavoz del colectivo ecologista en el Campo de Gibraltar, Antonio Muñoz, explicó ayer que la Junta de Andalucía está haciendo rellenos “de hasta cinco metros de altura con material impermeable” en la zona.
En este sentido, señaló que esos rellenos son “los causantes” de que con las últimas lluvias se hayan producido inundaciones en la zona de la Estación. Según argumentó, la Junta está “activando una zona inundable, tal y como viene reflejado en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Campo de Gibraltar”, al que los ecologistas han presentado alegaciones por “no ser el sitio más adecuado para la ZAL”.
Sin embargo, “en lugar de reconocer el error y enmendarlo”, la Junta ha destinado 29,1 millones de euros para las obras de encauzamiento del río Guadarranque, lo que va a significar que “los ciudadanos del Campo de Gibraltar, de la provincia de Cádiz y todos los andaluces paguen una mala actuación de la Junta de Andalucía”, criticó Muñoz.
El portavoz ecologista señaló que, por todo ello, el colectivo ha decidido poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente, por lo que consideran un presunto “delito ecológico” y “por el daño ocasionado a los ciudadanos de la comarca campogibraltareña”.
Antecedentes
La denuncia anunciada ayer por Verdemar sería la segunda que los ecologistas tramitan contra la construcción de la ZAL, en esta ocasión sobre su extensión en el término municipal de San Roque, después de que ya denunciaran la utilización de terrenos de la vega del Palmones para la ubicación de estas infraestructuras.
Así, Verdemar Ecologistas en Acción y el colectivo ornitológico Cigüeña Negra denunciaron a la Consejería de Obras Públicas ante la Fiscalía de Medio Ambiente en mayo de 2006, al considerar que las obras de la ZAL incurren “al menos en un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente”. Por ello requieren su “paralización cautelar”.
La denuncia expone que los terrenos del sector de El Fresno Sur, donde se ubica la ZAL, constituyen una llanura de inundación situada en la desembocadura del río Palmones, destacando que en la cuenca de dicho río se han producido varias avenidas en los últimos años, siendo las más importantes las acontecidas en los meses de diciembre de los años 1990, 1995, 1996 y 2000.
El Ministerio Fiscal ya decretó el pasado 24 de enero continuar con la investigación iniciada a raíz de la denuncia, después de que las diligencias de investigación condujeran a “deducir” que los hechos pudieran ser constitutivos de una “infracción penal”. La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), responsable de los terrenos, defendió posteriormente que las obras se correspondían con la legalidad.
