La Plataforma Derecho a Techo ha exigido este viernes que se depuren “responsabilidades políticas por las actuaciones llevadas a cabo” por el Ayuntamiento de Níjar (Almería) en el desalojo y derribo del asentamiento chabolista de ‘El Walili’, ocurrido el pasado lunes.
En una nota, el colectivo ha solicitado además a las entidades sociales que colaboran con el consistorio que dejen de “colaborar con una administración que vulnera los derechos humanos de las personas trabajadoras del campo”.
Ha reclamado que se cree un transporte desde el alojamiento temporal en que está una parte de los moradores de ‘El Walili’ hasta sus puestos de trabajo para evitar la pérdida de empleos, y alternativas habitacionales estables para aquellos afectados por el desalojo hasta los puestos de trabajo de las personas que han presentado los documentos requeridos.
También han pedido que se elabore un plan de vivienda pública en este municipio, que tenga un “enfoque de derechos humanos” y ponga a las personas “en el centro de las soluciones” mediante la participación en una mesa de diálogo vinculante en la que tengan presencia los agentes presentes en el territorio y los desalojados.
Además han solicitado al Gobierno que “firme y ratifique la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias” y garantice “el cumplimiento de los Derechos Humanos en todo el Estado, incluidas las actuaciones de las administraciones locales”.
La plataforma ha añadido que pretende tejer nuevas alianzas con las organizaciones que han apoyado la reivindicación de que no debía haber desalojo sin realojo, a las que ruegan que realicen informes para “esclarecer lo ocurrido”, y ayuda jurídica ante la posibilidad de emprender acciones legales por lo ocurrido en ‘El Walili’.
Han asegurado que el lunes por la mañana, aún quedaban unas 250 personas en ‘El Walili’, la mitad de las que según la plataforma residían allí, porque las demás “habrían huido en los días previos”.
Ha sostenido que los que quedaban tenían aún sus enseres en sus viviendas por no contar con alojamientos alternativos para trasladarlos y hn recordado que se sucedieron dos incendios que provocaron la salida del asentamiento de todos los que allí se encontraban.
“Los fuegos pudieron ser intencionados pero es imposible saberlo ya que se acometió el derribo acto seguido. La Policía y los bomberos se encontraban muy cercanas al lugar del fuego en el momento en que se originó y pudieron controlarlo sin dificultad. Tras cortarse la electricidad y tener a las personas afectadas en la carretera con las cosas que hubieran podido coger se acometió el derribo con dos palas”, ha indicado.
Ha precisado que además fueron demolidas una zona de cortijos previa y una mezquita en “perfectas condiciones estructurales” y “no se realizó un examen exhaustivo de las viviendas para saber si todas las personas habían salido de allí.
“Los animales que vivían en el asentamiento que rondaban los 80 (tras el trabajo de rescate de voluntarias ajenas al Ayuntamiento en los días previos) fueron atendidos por el responsable de la protectora de Pechina. Sacó a 5 de ellos. El resto se abandonaron en el interior”, según la ONG.
De las 80 personas al Dispositivo de Acogida Temporal instalado en el paraje de Los Grillos en el Centro de Día de la Fundación Cepaim/Almería Acoge y en una nave contigua con literas en fila donde también estaban Médicos del Mundo y Cruz Roja, sólo quedaron 30 de ellas al final de la jornada, según la fuente.
Almería
Piden depurar responsabilidades políticas por la gestión desalojo asentamiento
La Plataforma Derecho a Techo ha exigido que se depuren “responsabilidades políticas por las actuaciones llevadas a cabo”
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