En este caso, primero de los cuatro sumarios de Mercasevilla que llega a juicio, están imputados los exdirectivos del mercado Fernando Mellet y Daniel Ponce, el exdelegado de la consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y la funcionaria M. R. P. B.
Fuentes del caso han informado a Efe de que tampoco se han personado ante el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Sevilla el Ministerio Fiscal ni la representación de Antonio Rivas, pero ello no les impide su continuación en el procedimiento.
Respecto al PA, la agencia Efe ha intentado, sin éxito, contactar con sus responsables para conocer las causas de su retirada, que las citadas fuentes atribuyen a razones económicas tras su retroceso electoral en las últimas elecciones municipales y generales.
El PA, que estuvo personado en la causa desde la primera denuncia del Grupo La Raza de hostelería, solicitó para Rivas un año de cárcel y nueve de inhabilitación, para los restantes tres acusados tres años de inhabilitación y multa para cada uno de ellos de 1.350.000 euros.
La Fiscalía, por su parte, ha pedido 21 meses de suspensión para cargo público a cada imputado y 900.000 euros de multa.
La tramitación de la causa se encuentra a la espera de que el magistrado presidente del jurado se pronuncie sobre la petición de nulidad que han hecho Mellet y Ponce, que pretenden que se declare nula la grabación en la que los empresarios de La Raza recogieron, el 27 de enero de 2009, la petición de soborno.
Según la juez de instrucción 6, los dos exdirectivos se reunieron con dos representantes del Grupo La Raza y les exigieron 450.000 euros "como una especie de impuesto" que debían pagar a la Junta de Andalucía como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería en el mercado central.
En un escrito al que ha tenido acceso Efe, el letrado de Ponce, Simón Fernández Rebollo, explica que su cliente mantuvo una primera entrevista con los representantes de La Raza el 16 de enero de 2009, de la que no consta "ningún detalle, contenido, expresiones o concretas peticiones", salvo la negativa de los empresarios a las "propuestas deshonestas" que presuntamente les hicieron.
A continuación concertaron una segunda entrevista, el 27 de enero, que según el abogado "fue preparada para obtener determinadas manifestaciones", pues pese a la "tajante respuesta y clara repulsa" al pago de comisiones, los empresarios "con su sola presencia difuminaban su inicial negativa y alumbraban un beneplácito y aceptación".
Por ello, la grabación "en sí está viciada" e incluso la reunión "está en su origen premeditada e instigada con la finalidad de obtener de los participantes manifestaciones autoinculpatorias que de otro modo no hubieran realizado".
Tras este sumario, la juez Mercedes Alaya abrió otros sumarios por delito societario en las cuentas de Mercasevilla, por lo que ha denominado "venta fraudulenta" de sus terrenos y por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) presuntamente fraudulentos aprobados en 2003 y 2007.
