El Pleno del Congreso de los Diputados ha avalado este jueves el decreto ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), con el que el Gobierno prevé ahorrar más de 7.000 millones de euros, pese al voto en contra de todos los grupos de la oposición salvo UPN.
De hecho, los portavoces de PSOE, CiU, PNV, IU, UPyD, ERC y Mixto han criticado a la ministra del ramo, Ana Mato, por no haber tramitado el texto como proyecto de ley de urgencia, algo a lo que se ha opuesto el Grupo Popular.
Durante la intervención, la ministra ha destacado que con este paquete de medidas se garantiza que la sanidad pública "pueda seguir siendo universal, gratuita y de calidad", al tiempo que permitirá que "todos los españoles puedan ser atendidos de igual forma con independencia de donde vivan".
Todo ello, ha añadido, "manteniendo el modelo y sin imponer el copago en la asistencia sanitaria", pese a reconocer que con algunas de las medidas implantadas "se piden esfuerzos importantes a la población".
En este sentido, Mato ha recordado que el paquete de medidas incorpora un nuevo sistema de copago de los medicamentos, que ahora será variable según la renta de modo que "paguen más los que más tienen y menos o nada los ciudadanos con menos recursos".
De este modo, los trabajadores activos pagarán hasta un 50 ó 60 por ciento por sus medicinas en función de sus ingresos, mientras que los pensionistas, que antes no pagaban nada, pagarán un 10 por ciento con un tope de 8 ó 18 euros mensuales según su renta.
Además, y como ha destacado Mato, por primera vez los parados de larga duración no tendrán que pagar por sus medicinas.
Otra de las novedades impulsadas es la introducción del concepto de asegurado al hablar de los beneficiarios de la sanidad pública, y la modificación de las condiciones para obtener la tarjeta sanitaria a fin de combatir el llamado turismo sanitario.
En este sentido, la ministra ha asegurado que "nadie quedará desatendido", tampoco los inmigrantes irregulares o 'sin papeles', a quienes ha asegurado que "se seguirá atendiendo en urgencias".
Tras esta reforma, que según Mato cuenta con el apoyo de todas las comunidades, ha avanzado su "siguiente reto" es culminar un Pacto de Estado por la Sanidad y los Servicios Sociales con los grupos políticos, similar al Pacto de Toledo en materia de pensiones, a fin de "dejar a la sanidad fuera debate político".
PSOE DA POR ROTO UN POSIBLE PACTO DE ESTADO
Sin embargo, el portavoz del Grupo Socialista y exsecretario general de Sanidad con el anterior Gobierno, José Martínez Olmos, ha advertido a la ministra de que "no vuelva a hablar de pacto" después de haberse negado a tramitar esta reforma como proyecto de ley y haber rechazado la "oferta de diálogo" de su grupo.
"Es un día triste para el Estado de bienestar", ha aseverado este diputado, criticando al Gobierno por hacer una "chapuza jurídica" con la que "se cambia el modelo sanitario, se recortan las prestaciones y se excluyen a determinados colectivos".
De hecho, a su juicio, estas medidas "dañan" y "ponen en riesgo" la salud de los españoles al dejar sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, lo que ha considerado como un "planteamiento xenófobo".
"Si viniese otra pandemia de gripe, las personas irregulares no tendrán derecho a ser cubiertos con la vacuna, con lo que tampoco se protege a los españoles", ha alertado.
La diputada de CiU Conxita Tarruella también ha mostrado su malestar por la decisión de no tramitar el real decreto como proyecto de ley, para así "poder arreglar todos los desacuerdos que hay".
"El diálogo son más que palabras, son hechos, y nos molesta el tono de la discusión", ha asegurado, insistiendo en que si estas medidas tuviera tramitación parlamentaria "todos saldríamos beneficiados".
Por su parte, el diputado de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha criticado a Mato por su propuesta "hipócrita y falsa" de un Pacto de Estado, asegurando que "no es posible un acuerdo" cuando se han adoptado medidas sin contar con apoyos.
Además, ha criticado que el Ministerio de Sanidad haya presentado 73 correcciones a un paquete de medidas de 10 artículos, lo que "muestra que el decreto en sí es un "error garrafal", y ha citado a la revista científica 'British Medical Journal', que habla de esta reforma como "el principio del fin" de la sanidad española.
Por contra, el diputado del PP, Manuel Cervera, ha dado la "enhorabuena" a Mato y ha asegurado que con este paquete de medidas las comunidades ganan "fiabilidad y respeto". Asimismo, ha criticado la "demagogia" utilizada por algunos grupos, acusando en concreto a los socialistas de hacer un debate "torticero".
Además, ha insistido en que "ningún español ni ningún extranjero va a quedar desatendido", sino que "se va a poner control" para evitar que continúe el turismo sanitario.
EL DINERO VA A 'BANKIMAFIA'
El diputado de ERC, Joan Tardà, ha advertido de que se van a expulsar a las clases medias de los sistemas públicos de salud para una "suciedad dual" y un mercado para la salud, engrasado con el dinero de los que puedan permitirselo. "Son tan cobardes que utilizan la mentira de que el modelo actual no es sostenible", ha apuntado.
"Diez mil millones para 'Bankimafia' y cero para sanidad", ha criticado el republicado, al tiempo que ha aprovechado el debate del decreto ley para exhibir un cartel desde su escaño en el que se podía leer la leyenda 'Bankia 10.000, Sanidad 0'.
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha criticado que el Gobierno quiera hacer una reforma "en hora y media" para cambiar la sanidad pública y querer dar una imagen de "Gobierno duro, fuerte y valiente".
Por su parte, el diputado 'jeltzale' Emilio Olabarria también se ha quejado de la configuración de los Plenos, con intervenciones "comprimidas" y sin poder aportar argumentación "de peso" cuando se encuentra 'en juego' el modelo sanitario español. A su juicio, éste no se puede reformar mediante un decreto ley.
"No se puede despachar rápido y mal y le pido que presente un proyecto de ley. Así no se puede regular y le auguro muy poco recorrido después de los recursos presentados al Tribunal Constitucional porque se quiebra la universalidad de la prestación sanitaria", ha agregado.
Mientras, Sabino Cuadra, de Amaiur, ha señalado que el derecho a la salud es universal con independencia de la salud laboral y social en la que se encuentre cualquier persona. Con ello, ha alarmado de que este decreto abre las puertas a un sistema dual donde el buen sistema sanitario lo tendrán los pudientes en sistemas privados que estarán subvencionados.
