Se han cumplido ya 40 años desde la revuelta estudiantil del mayo-68 francés. Un movimiento disidente que, encabezado por ácratas de la extrema izquierda, fue seguido por una gran masa de jóvenes, universitarios o no. Los mensajes revelaban su carácter antisistema, ya que postulaban: “prohibido prohibir”, “la imaginación al poder” y “haz el amor y no la guerra”. ¿Qué queda hoy de aquel proceso? El misno Daniel Cohn Bendit, alma de la insurrección, ha dicho: “oubliez 68....68 c’est fini”. Es decir, no queda nada. Pero, tras cuatro décadas, ha resurgido la inquietud en los campus universitarios. Hay asambleas estudiantiles y encierros; grupos de manifestantes recorren las calles de Madrid y Barcelona con ímpetu destructor. Ciertamente, estos últimos han tenido como leitmotiv la desgraciada muerte de un estudiante griego, aunque en el fondo subyace una disconformidad más profunda, despertada a raíz del proyecto firmado en Bolonia, que debemos por tanto sumariar. La Declaración de Bolonia fue asumida por 40 países europeos en 1999, con el objetivo de crear lo que se ha acordado en denominar “Espacio Europeo de Educación Superior”, previendo su entrada en vigor hacia 2010. Su finalidad estriba en conseguir una nueva ordenación de la enseñanza superior que, respetando las peculiaridades de cada país, garantice el conocimiento y capacidad personal suficientes para trabajar, ya sea en la esfera pública o en la privada de cualquier país comprometido con el EEES. Sus pilares fundamentales son: un sistema de transferencia de créditos uniforme; estudios grado/master/doctorado, con orientación generalista seguida de especialización; acreditación mediante evaluación interna y externa, y adición al título de un Diploma Suplementario. La Conferencia de los Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha mostrado su apoyo al EEES, no así un grupo creciente de estudiantes, que ven en este plan una privatización de la enseñanza y un pragmatismo inaceptable. Así, el Sindicato de Estudiantes ha clamado porque “Bolonia representa un ataque de la burguesía contra la educación pública en todas sus etapas”. La ministra de Cultura e Innovación ha realizado unas declaraciones que a mí me resultan convincentes y sensatas. Tras postular un deseable consenso, recuerda que la Universidad es patrimonio de la sociedad en general y no de los actuales estudiantes. Estimo que todo lo que represente un esfuerzo para dar calidad a la enseñanza, postulando mayores exigencias, es positivo.
