Las plantillas de la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam) y de la empresa gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, protagonizan este lunes una marcha a pie desde las instalaciones de ambas compañías en la carretera Sevilla-Málaga, hasta el Ayuntamiento. La marcha se encuadra en los conflictos laborales que sacuden a ambas empresas a cuenta de los ajustes promovidos por el Gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido (PP), que en ambos casos esgrime la necesidad de hacer "viables" estas sociedades.
A las 10,00 horas, los trabajadores de Lipasam, que desde el domingo 27 de enero a las 23,00 horas celebran una huelga indefinida, partirán desde el parque central de maquinaria de la carretera Sevilla-Málaga, para llegar a las instalaciones del mercado central hispalense, donde les esperan los empleados de Mercasevilla. Unidas ambas plantillas ante las instalaciones de Mercasevilla, todos los trabajadores marcharán a pie hasta el Ayuntamiento hispalense para reclamar al Gobierno local del popular Juan Ignacio Zoido que reconduzca la situación que atraviesan estas empresas públicas.
En Lipasam, actualmente en huelga indefinida, en abril de 2012 la directiva y el comité de empresa pactaron una reducción salarial del cinco por ciento y una ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, para desconvocar la huelga promovida entonces en el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo.
El punto de fricción reside en que el comité de empresa reclama atenuar la reducción salarial merced al ahorro de costes ya cosechado por la empresa y se opone a que la ampliación de la jornada laboral repercuta en los descansos programados en Semana Santa, la Feria de Abril o la Navidad, extremo que según los sindicatos afectaría especialmente a las contrataciones eventuales que Lipasam promueve en estas fechas para que sus servicios se atengan al incremento de la demanda y los descansos de los empleados.
Por lo que respecta a Mercasevilla, el Ayuntamiento de Sevilla, como socio mayoritario, promueve una liberalización de servicios para la lonja de pescados, lo que se traduciría en un expediente de regulación de empleo (ERE) con efectos sobre cerca de un centenar de los 198 miembros de la plantilla. El Gobierno municipal asegura que se trata de una medida exigida por las normativas comunitarias y necesaria para la viabilidad de la empresa, pero los sindicatos aseguran que se trata de una "decisión política" destinada a "privatizar" los servicios que la plantilla pública presta en la lonja de pescado.
