La Delegación de Gobierno en Andalucía desautorizó al Ayuntamiento de Bacares (Almería) a instalar un total de diez cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la localidad al estimar que hubo "falta de justificación" en las pretensiones municipales, pese a lo que el Consistorio puso en marcha el sistema que registra imágenes de varios espacios públicos de la localidad.
Fuentes de la Subdelegación de Gobierno de Almería han indicado a Europa Press que la resolución fue trasladada al Ayuntamiento de Bacares el 21 de noviembre de 2012, si bien para entonces ya se había iniciado la instalación de algunas de esta cámaras que cubren puntos como el ayuntamiento, la biblioteca, la residencia de mayores, el lavadero-museo o el museo etnográfico al aire libre.
La resolución, emitida por la Delegación de Gobierno de Andalucía un mes antes, rechaza los argumentos esgrimidos por el Consistorio, que alegó "inseguridad en el municipio" de menos de 300 habitantes así como la carencia de un cuerpo de Policía Local. Asimismo, desde el Ayuntamiento no se han presentado alegaciones aún a esta decisión, que según el PP de la localidad, ha provocado la "indignación" de "muchos vecinos".
Según el PP, por la posición de las cámaras "se puede grabar a las personas" que pasan por ciertas calles así como por el parque público de la Plaza Nueva o la Plaza de la Fuente Grande, aunque algunos de estos aparatos "han cambiado el enfoque" tras haber debatido su existencia tras un pleno municipal.
