El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha admitido a trámite la querella presentada por Izquierda Unida (IU) por la supuesta contabilidad B del PP y ha citado a declarar entre el 25 y el 27 de marzo a los extesoreros 'populares' Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y a diez supuestos donantes del PP. Se trata de todas las personas contra las que se dirigía la acción penal salvo los exdirigentes 'populares' Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 excluye de la relación de querellados a los tres exdirigentes del PP porque entiende que resulta "prematuro" darles la condición de imputados y "sólo distorsionaría la instrucción, sin perjuicio, claro está de lo que resulte del curso de ésta".
"Es por ello, que la querella se admite sólo parcialmente en su vertiente subjetiva", señala el juez después de recordar que otros supuestos perceptores de esos fondos "no aparecen en la relación de querellados, sin que los querellantes den razón alguna de esa exclusión".
Gómez Bermúdez ha adoptado esta decisión a pesar de que el pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción pidió su inhibición a favor del juez instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, que abrió una pieza separada el pasado jueves para investigar estos hechos. En su auto, Gómez Bermúdez que este informe "no es preceptivo y, por lo tanto, tampoco vinculante".
QUERELLA CONTRA LOS DONANTES
Los querellados son el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, ex presidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros; y Luis de Rivero, ex presidente Sacyr Vallehermoso, donante de medio millón euros.
Entre los querellados también están Alfonso García Pozuelo, de construcciones Hispánica, que pagó entre 250.000 y 300.000 euros; Juan Manuel Fernández, de Aldesa, también donante de entre 250.000 y 300.000 euros; José Mayor Oreja, de Construcciones de Fomento y Contratas, que pagó al menos 165.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, que donó al menos 100.000 euros; Adolfo Sánchez, que habría pagado 98.500 euros; y el presunto número dos de la 'trama Gürtel', Pablo Crespo.
El juez también pide "urgentemente" al Ministerio Público que le remita "la integridad de los documentos y diligencias que haya practicado" y solicita al juez Ruz que le traslade los autos del 5 de febrero y el 1 de marzo en los que rechazaba investigar la supuesta contabilidad B porque la Fiscalía Anticorrupción ya había abierto unas diligencias, así como el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) en el que se advertía de la existencia de tres vínculos entre los 'papeles de Bárcenas' y el 'caso Gürtel'.
Además, notifica la admisión a trámite de la querella al PP para que se persone si lo considera oportuno. Según fuentes jurídicas, el conflicto entre los dos juces instructores para investigar los mismos hechos debería ser resuelto por la Sala de lo Penal, órgano superior a ambos.
COPIA DE LAS DONACIONES
Gómez Bermúdez ordena a los empresarios contra los que se dirigía la querella que "en el improrrogable plazo de siete días aporten copia o relación de los ingresos de los que hayan sido beneficiarios entre 2002 y 2009 por administraciones gobernadas por el Partido Popular".
También requiere al PP para que en ese mismo plazo aporte copia o relación de los ingresos que por el concepto "donaciones" ha recibido entre 2002 y 2009 de los empresarios que figuran en los deminados 'papeles de Bárcenas', que el diario 'El País' publicó el pasado el 31 de enero, y que el juez también reclama.
La querella, elaborada conjuntamente con la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes, se dirige contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y los que fueran responsables de organización, finanzas y asesoría legal del PP y exministros Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo, por supuestas comisiones irregulares al PP entre los años 2003 y 2008. De los querellados, Bárcenas, Crespo y García Pozuelo están ya imputados en la investigación sobre la trama 'Gürtel'.
A todos ellos los querellantes les atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilícita.
DOCUMENTACIÓN A HACIENDA
El juez también remite un oficio a la Tesorería General de la Seguridad Social para que aporte la vida laboral y la historia de bases de cotizaciones de Bárcenas entre los años 2009 y 2013, y otro a la Agencia Tributaria para que le entregue la Declaración Tributaria Especial a la que se acogió el extesorero a través de la empresa Tesedul.
De igual modo, pide las declaraciones de IRPF que realizaron algunos de los cargos que habrían recibido dinero, según la contabilidad B atribuida a Bárcenas, entre los que se encuentran el presidente del Senado, Pío García Escudero, Santiago Abascal, Juan Ignacio del Burgo, Eugenio Nasarre, Calixto Ayesa o Jaume Matas.
También pide al Tribunal de Cuentas que le remita "copa auténtica de las cuentas presentadas por el PP correspondientes a los años comprendidos entre 2002 y 2009 , así como los informes o dictámenes que tal organismo haya emitido respecto de dichas cuentas".
De igual modo, solicita a este organismo que informe si en alguna de las auditorías que ha realizado a las cuentas del PP entre 1990 y 2009 aparecen donaciones realizadas por los empresarios contra los que se dirige la querella.
En su resolución, Gómez Bermúdez justifica su competencia asegurando que los supuestos hechos delictivos se produjeron en cinco comunidades autónomas (Madrid, Valencia, Galicia, Cataluña y Andalucía) y que es competencia de la Audiencia Nacional los delitos relacionados con "defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas".
