La nueva ordenanza de accesibilidad municipal, esperada como agua de mayo por diferentes colectivos y asociaciones de discapacitados y que sustituirá a la que lleva vigente desde 2011, no se pondrá en marcha hasta este verano, después de que haya pasado todos los trámites -que incluyen tres meses de alegaciones- y de que sea aprobada de forma definitiva en Pleno.
La norma, que pretende convertirse en un plan estratégico de accesibilidad universal y en referente para el resto de ordenanzas municipales, será aplicable en “todas las nuevas obras” a partir del momento en el que sea aprobada, así como en todas las acciones referentes a infraestructuras, urbanismo, transportes, edificación, así como en la comunicación de la ciudad, siempre complementando la normativa autonómica y estatal existente al respecto.
Según el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Maximiliano Vílchez, la nueva norma -desarrollada por diferentes áreas municipales, la Oficina de Accesibilidad y la ONCE, entre otros- sustituye a una ordenanza anterior “inconsistente” y con acciones “económicamente inviables”. Algo que, para Vilchez, se ve reflejado en las 286 alegaciones presentadas al respecto por diferentes colectivos. Además, esta nueva norma irá acompañada con la edición de una guía en la que se unificarán los criterios de actuación en aras de facilitar el trabajo a los profesionales y técnicos que después realicen el trabajo práctico, es decir, a los que después eliminen las barreras arquitectónicas.
Era prioridad
La nueva normativa no llegará hasta este verano a pesar de que el propio equipo municipal haya reconocido que la actual no funciona. Ante esta ordenanza “inviable”, el Consistorio realizó durante 2012 una serie de actuaciones -800 es la cifra aportada por la Oficina de Accesibilidad-, que aun así fueron “insuficientes”, “improvisadas” y “sin criterios”, según ya denunció el pasado enero a esta publicación la plataforma Una ciudad para todos, que abogaba por un plan estratégico para la eliminación de las barreras arquitectónicas en la ciudad. Así, lo que era una prioridad en mayo de 2011 para el alcalde, tendrá que esperar unos meses más.
Presupuesto y sanciones
La meta, en palabras del director de la Oficina de Accesibilidad, Juan García, es la de lograr “una ciudad libre de barreras para todos”.
Para ello el Consistorio destinará una partida específica para la supresión de barreras en las vías y en los edificios públicos, mientras que todas las delegaciones redactarán en dos años los planes de accesibilidad para sus instalaciones. También habrá sanciones ante el incumplimiento de la normativa e incentivos para los colectivos que se adapten, como una posible reducción de tasas a los taxis y a los coches de caballos.
La nueva ordenanza incluye adaptaciones en los transportes públicos y marquesinas; requisitos para la instalación de alumbrados y semáforos; para las vías ciclistas que tengan que tener señalizados los pasos para sillas de ruedas; o los requisitos a tener en cuenta en la instalación de pavimentación diferenciada cuando la anchura del acerado sea mínima, entre otros.
Registros para las reservas de plazas
La nueva normativa restringe el estacionamiento de las personas con tarjeta de movilidad reducida a tres horas en los aparcamientos de carga y descarga. Además, el Consistorio creará un registro de personas con esta tarjeta para adaptar los planes de reservas de plazas a las necesidades reales.
