La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Miriam Alconchel, ha presentado hoy en una rueda de prensa las propuestas que se elevarán al Pleno, entre las que destaca una iniciativa contra la ley de reforma de la Administración local que el Gobierno del PP quiere poner en marcha, “despreciando la autonomía municipal y bajo la excusa del ahorro económico”.
Alconchel ha asegurado que la Ley “no ahorra ni un solo céntimo, ni supone ninguna medida que permita bajar el déficit mientras conlleva la práctica desaparición de un buen número de municipios, por lo que se trata de una Ley que va contra la ciudadanía y la democracia local”.
La portavoz adjunta ha añadido que “bajo la excusa de la rentabilidad y el ahorro, el PP ha trazado una medida de carácter político que va a conllevar la aniquilación de los pequeños pueblos y la privatización de los servicios públicos, además de una perdida importante de puestos de trabajo en el sector público” y ha advertido que el desmantelamiento del sector público local “pondrá en peligro más de 250.000 empleos en España, 40.000 en Andalucía y en el caso de nuestra ciudad unos 200 puestos de trabajos de las empresas municipales”.
La responsable socialista ha valorado la incidencia que tendrá esta normativa en las Entidades Locales Autónomas y, de hecho, ha asegurado que “cuando el Gobierno redacte esta ley parece ignorar que los servicios públicos no se pueden valorar exclusivamente por criterios económicos sino también deben evaluarse, con carácter prioritario, por el beneficio social que comportan a los ciudadanos y, concretamente, a los vecinos de las pedanías de Jerez, ya que son las administraciones más próximas al ciudadano que prestan un servicio esencial que equipara los vecinos del medio urbano y rural” , por lo que ha alertado de que esta reforma supondría la desaparición de las ELAs o su intervención.
En lo que respecta a las grandes ciudades, Alconchel ha mantenido que la ley permite que se aumente el número de concejales que pueden optar a la liberación y también el número de asesores. “Estamos de acuerdo en que se racionalicen servicios, en que se modifiquen la financiación de los ayuntamientos y el sueldo de los cargos públicos, pero en Andalucía ya somos pioneros con el acuerdo que se concretó a través de la FAMP, donde se fijan los topes máximos para alcaldes y alcaldesas. Con esta ley el único ahorro que persigue el PP es la eliminación de los ayuntamientos”.
“Somos conscientes -ha matizado- de la necesidad de aplicar el rigor, la austeridad y la eficiencia en la administración de los recursos, pero en ningún caso, estos argumentos se pueden utilizar como coartada para suprimirlos o encarecer servicios públicos. En lugar de asegurar los servicios mínimos que deben prestar los ayuntamientos se hace que peligren seriamente”.
Por todo ello, Alconchel ha concluido que el Grupo Municipal Socialista presenta esta proposición en la que solicita que se reafirme la autonomía local y la trascendencia del papel de los Ayuntamientos en la igualdad de oportunidades, la democracia y la cohesión social; transmitir a los ayuntamientos y a sus habitantes, especialmente de los municipios más pequeños nuestro apoyo y reconocimiento por la labor que vienen realizando para mantener vivo el territorio para toda la sociedad; solicitar la retirada por parte del gobierno del Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local y, por último, abrir un proceso de negociación de todos los grupos parlamentarios y la FEMP, y que se reúna la Conferencia Sectorial para las Administraciones Locales, para abordar la reforma de las leyes que regulan el mundo local fortaleciendo la autonomía local, sus competencias y garantizando su financiación, además de los derechos sociales de los ciudadanos.
Cumplimiento del Reglamento Orgánico Municipal
Por otro lado, Miriam Alconchel ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista va a exigir en el Pleno, a través de un ruego, el cumplimiento del Reglamento Orgánico Municipal, aprobado en 2009 por unanimidad de todos los grupos políticos de la Corporación Municipal.
Alconchel ha explicado que “la función del ROM es alcanzar los objetivos de agilidad, operatividad y eficacia, por lo que obliga a su cumplimiento en el desarrollo de los Plenos, sin que ello suponga en ningún caso que se coarte el debate de los grupos políticos representados en la Corporación”.
La portavoz adjunta ha denunciado que en este mandato municipal “hemos asistido a una alteración de funciones, formas y contenido del ROM” y ha insistido en que “el Gobierno municipal del PP y la Presidencia están haciendo un uso discrecional de la aplicación del ROM que ha conllevado un interesado desarrollo de las sesiones de control, principalmente, lo que está restando dinamismo, agilidad, eficacia y operatividad a los debates plenarios hasta provocar el cansancio y el desinterés en la audiencia pública”. Por todo ello, ha exigido el cumplimiento de esta normativa, “porque confundir la libertad de expresión y el debate político con una muy particular interpretación del Reglamento no garantiza en absoluto mayores cuotas de democracia y de participación”.
Alumbrado
Por último, Miriam Alconchel ha calificado de “tercermundista” que Jerez se vea afectada por una huelga en el alumbrado público y ha acusado al Gobierno del PP de que “una ciudad como Jerez se quede a oscuras por el incumplimiento del de sus compromisos de pago con la concesionaria de este servicio público”.
Alconchel reprochó al PP que “lejos de buscar soluciones, sigue mintiendo y diciendo que están buscando salidas a esta situación, por ejemplo cuando decían que se estaba reponiendo el cableado con cierta rapidez, cuando decían que se iba a priorizar el pago a la UTE, pero la situación es que vuelve a incumplir sus compromisos y los jerezanos van a sufrir una huelga tercermundista”.
Sobre la adjudicación definitiva de la gestión y control del agua a la empresa Aqualia, la edil socialista ha lamentado que se consuma la privatización de Ajemsa, un ejemplo más de lo que va a suponer la reforma de Ley de Administración Local en lo que respecta a la privatización de los servicios públicos.
Alconchel ha criticado que finalmente, aunque se prevía unos beneficios de 350 millones de euros en la Memoria, “el Gobierno municipal vende el agua por 80 millones y de los 40 millones del primer pago, se van a destinar más de 30 millones en cancelar un préstamo del que nos quedan siete años y que se estaba pagando al 1,8 por ciento, pero lo vamos a pagar al 4 por ciento por la cancelación anticipada”. “Es absolutamente lamentable y Pelayo puede presumir de haber hecho el peor negocio de la historia de este ayuntamiento”, concluyó
