Las acusaciones populares personadas en la investigación de los 'papeles de Bárcenas' han defendido este miércoles que el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez instruya este caso para evitar que su incorporación al "macroproceso" de la Gürtel merme la agilidad de la investigación y desemboque en una impunidad de los presuntos responsables, "cuyas consecuencias sociales no son difíciles de predecir en este momento".
Así se ha expresado el abogado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, en representación del partido que presentó la querella contra varios dirigentes y antiguos altos cargos del Partido Popular y una decena de empresarios por sus supuestas donaciones a la formación política, durante la vista pública que ha arrancado este miércoles ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal para dirimir la cuestión de competencia sobre la supuesta contabilidad B del PP.
El tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, ha rechazado el recurso de los querellantes contra el señalamiento de la vista y la posición de la Asociaciación Libre de Abogados (ALA) oponiéndose a la resolución del conflicto por parte de la Sección Tercera ya que será ésta la encargada de enjuiciar los hechos y, por lo tanto, estaría "contaminada" por esta decisión. El presidente de la Sección Tercera ha rechazado este extremo al defender que la resolución de la cuestión de competencia "no contamina" al tribunal al no afectar al fondo del asunto.
Tras ello, ha llegado el turno del abogado de Izquierda Unida que ha justificado la competencia del Juzgado Central de Instrucción número 3 al advertir de que tan sólo un apunte contable de la Gürtel -referido al pago de Pablo Crespo a Francisco Correa por valor de 21 millones de pesetas para la organización de un acto de las elecciones gallegas-- coincide con el dato hallado en los papeles atribuidos a Bárcenas.
"Solo uno de estos movimientos en un mar de actuaciones de 700.000 folios puede coincidir con los apuntes de Bárcenas", ha dicho, para advertir de que se ha buscado "denodadadamente y se ha forzado" la averiguación de nexos comunes. Ha expuesto que desde la apertura de la causa en 2009, no se hallaron estas coincidencias aunque "los hechos estuvieran encima de la mesa" desde hace años.
Ha invocado la sentencia del Tribunal Supremo referida al 'caso Banesto' para resaltar que su incorporación al caso Gürtel, que instruye Pablo Ruz, "haría difícil la instrucción de la causa y determinaría difíciles responsabilidades individuales". En este punto, ha advertido de que durante los cuatro años de instrucción tan sólo ha habido un condenado, en alusión al juez Baltasar Garzón.
Ha aludido a que la petición del extesorero Luis Bárcenas solicitando la nulidad de las diligencias de la Gürtel, podría provocar la nulidad de las actuaciones, lo cual sería "sería una verdadera catástrofe a la vista de los antecedentes del caso Naseiro" y su posterior situación de impunidad.
EL PP, PARTE ACTIVA Y PASIVA EN LOS HECHOS
El papel del PP como parte activa y pasiva en los hechos investigados también ha merecido el reproche de la Asociación Libre de Abogados (ALA), UPyD y ADADE, que han criticado cuyo abogado ha afirmado que Gürtel es un beneficiario más de los supuestos pagos del PP. La trama es "una red de financiación no excluyente, pues hay muchísimas más redes y personas", ha dicho el letrado de ADADE.
El letrado de la Asociación Libre de Abogados Antonio Segura ha explicado que la competencia es de Gómez Bermúdez "en base a las normas de reparto" y ha argumentado que Ruz no debería asumir la causa porque en ella hay "una acusación", el PP, que es "acusada" en la querella de IU y que, a su juicio, tiene "mucho más que responsabilidad civil".
El abogado de la ALA, ha dicho que hasta la interposición de la querella de Izquierda Unida y otras organizaciones "los argumentos" de la Fiscalía, en escritos "firmados por personas concretas", y del juez Pablo Ruz iban en el sentido de que "no existía conexión" entre ambos procesos. Segura ha señalado que "lo único que cambia" a partir de la imterposición de la querella de IU es que se denuncia una presunta financiación ilegal del Partido Popular y ha agregado que los autos de Ruz previos a dicho momento insisten en que "no consta conexión".
Segura, ha añadido que no tiene "ninguna preferencia" por ninguno de los juzgados, pero ha defendido que la Ley establece que la competencia es de quien "conoce el delito", que en este caso fue Gómez Bermúdez. "Quien tiene que dar explicaciones de por qué no es competente el titular del Juzgado de Instrucción número 3 son las otras partes", ha indicado.
"Entendemos que el titular del Juzgado Central número 3 es el que tiene que seguir conociendo a menos que haya un argumento de peso", ha sostenido, para después agregar que "las prisas en justicia no son buenas" y pedir que no se tenga "prisa" y así evitar que se puedan "plantear nulidades a futuro".
Además, el abogado de UPyD Andrés Herzog ha defendido que lo denunciado en la querella de IU "no es objeto de investigación en la causa Correa-Gürtel", que instruye el magistrado Pablo Ruz, por lo que ha insistido en que es el Juzgado de Instrucción número 3 el "competente" para investigar la causa de la contabilidad del PP.
Finalmente, Herzog también ha mantenido que no existe "conexidad" entre las causas y ha abogado por "separar los procedimientos" y abrir una investigación "nueva, limpia y clara" que no pueda ser "impugnada" por las defensas.
