La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha indicado este martes sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC) de que los gobiernos locales estén formados sólo por concejales electos, cuestión que afectaría a los delegados Fernando Villalonga y Juan Antonio Gómez-Angulo, que el Consistorio tiene que esperar al contenido de la sentencia.
"Tendremos que esperar al Contenido de la sentencia", ha dicho al respecto la alcaldesa de Madrid preguntara por los medios de comunicación sobre si va a prescindir de los delegados no electos.
Fuentes municipales han explicado que el Ayuntamiento no está personado como parte en este proceso y que, en consecuencia, la sentencia no le ha sido notificada al Consistorio. Por tanto, se debe esperar a tener la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para conocer su contenido concreto.
Así lo ha indicado a los medios de comunicación momentos antes de asistir a la inauguración de la tercera Jornada Técnica Ciudades Inteligencias del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC), que tienen lugar en CentroCentro de Cibeles.
Ayer se conoció que el pleno del Tribunal Constitucional ha dado la razón a la Generalitat catalana, de modo que los gobiernos de ayuntamientos de grandes ciudades únicamente podrían estar formados por concejales que hayan sido elegidos en una lista electoral, una decisión que afecta directamente al Consistorio madrileño.
De esta forma se impediría que los municipios puedan nombrar como miembros de la Junta de Gobierno local a quien no haya concurrido a unas elecciones, es decir, a los delegados.
Esta situación afecta de modo directo a dos miembros de la Junta de Gobierno de la capital, concretamente al delegado de Las Artes, Deportes y Turismo, Fernando Villalonga, y al de Medio Ambiente y Movilidad, Juan Antonio Gómez-Angulo. Este último regresó en febrero al Ayuntamiento --fue concejal con José María Álvarez del Manzano como alcalde-- tras la dimisión de otro delegado, Antonio de Guindos, después de ser imputado por el caso Madrid Arena.
El gobierno catalán presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Grandes Ciudades de 2003, que reformó la Ley de Bases de Régimen Local, por la que se regulaba la organización de los ayuntamientos españoles y en la que se contemplaba que también podrían ser miembros del gobierno local aquellos que no se habían presentado en listas electorales. La Generalitat catalana alegó que esta reforma lesionaba sus competencias.
