Si extraordinario era el pleno, no podía ser menos su celebración. El PP sacaba ayer con su mayoría absoluta la modificación presupuestaria de más de 3 millones de euros que permitirá sufragar los gastos del ERE, el tercero de Mercasevilla en diez años, que le costará el empleo a un centenar de trabajadores de la lonja de pescado en medio de la polémica por su justificación y con una fuerte contestación de la plantilla, expulsada por sus protestas del pleno, y envuelta en la polémica tras los insultos que varios afectados profirieron a los populares Beltrán Pérez y Mar Sánchez Estrella en el exterior del Ayuntamiento.
Ningún argumento se movió ayer en el pleno. Gregorio Serrano, presidente de Mercasevilla y delegado de Empleo, justificaba el ERE en la liberalización de la lonja debido a las normativas europeas y ante una “sanción” que no quieren que se les imponga (600.000 euros), tras el expediente abierto por un caso de monopolio en los servicios de pescado, que conllevaría un gravamen a los empresarios mayoristas, a los que oposición y trabajadores consideran que el PP les está “devolviendo favores”.
Serrano decía que el expediente también “nos duele” pero no convencía. Juan Espadas (PSOE) le recordaba a un silencioso alcalde, Juan Ignacio Zoido, que ya acumula “más de 200 despidos” y señalaba que el único objetivo del ERE era “privatizar una parte de los servicios de Mercasevilla”. Y apuntaba los cambios de su dirección: primero descartaba los problemas financieros y ahora, incurrir en causa de disolución.
Desde IU, tanto Antonio Rodrigo Torrijos como Josefa Medraño situaban directamente la decisión municipal en una cuestión “política” aún no cerrada ni siquiera en la Comisión Europea, pero que sí devuelve “favores” a los mayoristas del pescado, cuando Mercasevilla se convirtió en el arma arrojadiza del PP.
Las consignas e insultos de los trabajadores provocaron que fueran expulsados del pleno, aunque la polémica se vivió cuando varios de ellos profirieron insultos a Pérez y Sánchez Estrella. Serrano contestaba afirmando que “ni los insultos ni los gritos” impedirían que cumplieran con su obligación, acusando a PSOE e IU de “callarse” cuando se aprobaron anteriores expedientes que afectaron a la plantilla.
Condena unánime a los insultos
La polémica por los insultos provocó ayer que tanto el comité de empresa como la oposición condenaran estos “exabruptos” pero rechazaran que se criminalizara al resto de afectados.
Rafael Domínguez, presidente del comité de empresa, desvinculaba a la plantilla de los “exabruptos” lanzados contra los ediles y rechazaban que el hecho sirviera para “criminalizarlos” cuando son “víctimas” del ERE.
Además, anunciaban toda una “batalla judicial” y nuevas movilizaciones para impedir que se desarrolle el expediente.
Por su parte, los socialistas emitían un comunicado condenando lo sucedido, mientras que el portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, condena esos hechos con la misma firmeza que también rechazaba la privatización de Mercasevilla y el despido del centenar de trabajadores
El matadero seguirá con la suspensión cautelar
El delegado de Empleo, Gregorio Serrano, ha advertido de que la suspensión sobre Gesesur 2, empresa gestora del matadero de Mercasevilla, seguirá hasta que la Fiscalía o los veterinarios de la Unión europea (UE) digan qué es lo que se ha de hacer.
Serrano ha explicado que está a la espera del resultado del informe que están elaborando los veterinarios de la Comisión Europea que vinieron a Sevilla a hacer la auditoría. "Nosotros hemos informado a la Comisión Europea de que hay un descuadre entre la carne vendida por el matadero y el control veterinario que hemos hecho", recuerda, insistiendo en que los veterinarios de la UE tendrán que elaborar su informe y la Fiscalía tendrá que investigar "y decidir si hay indicios de delito contra la salud publica".
Así, indica que si la Fiscalía ve que hay indicios tendrá que ponerlo en conocimiento de los tribunales o archivarlo, pero mientras tanto el matadero tiene suspendido cautelarmente su actividad, mientras que la Junta ha decretado la inmovilización de toda la carne de caballo procedente del matadero Gesesur.
