La Generalitat está elaborando el anteproyecto de una ley catalana de promoción de la autonomía personal para antes de que finalice la legislatura en 2016, con el objetivo de potenciar el sistema de servicios sociales de Cataluña e intentar subsanar las dificultades de financiación actual, fruto de los impagos del Estado.
Lo ha explicado la consejera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press, en la que afirma que los principios que inspiran la nueva ley son la "corresponsabilidad" entre el Govern, los dependientes y las familias, aunque no ha concretado si será a través de un mayor copago.
La próxima norma también persigue potenciar la prevención, la transversalidad, la atención integral, la optimización de recursos y la sostenibilidad económica, teniendo en cuenta que actualmente la Generalitat soporta el 80% de la financiación de la Ley de dependencia y el Estado aporta el 20%, mientras que el marco normativo establece que debería pagarse a partes iguales.
El Govern pretende ahora "reformular el papel de los servicios sociales" actuales con el objetivo principal de evitar duplicidades, aunque manteniendo el espíritu de territorialidad y cercanía que actualmente tiene la Ley de servicios sociales.
La ley propia de dependencia también "delimitará claramente las competencias de los distintos ámbitos y administraciones" que intervienen en el sistema de la dependencia, que van desde el prisma local hasta el estatal.
Munté ha insistido en la importancia de modificar el nombre de la ley española de dependencia y sustituirlo por el concepto de autonomía personal: "Se trata de cambiar el paradigma actual centrado en los servicios por otro centrado en las personas".
COMITÉ DE EXPERTOS
Munté ha revelado que actualmente un "comité de expertos" está trabajando en un documento de bases, para el que ya ha celebrado cuatro reuniones plenarias y 16 específicas por temas.
Una vez finalizado este trabajo previo, el documento de bases será sometido a la consideración y debate con representantes de personas dependientes y de sus familias, además de con los partidos parlamentarios.
Una vez estudiadas todas las aportaciones, se procederá a la elaboración de un nuevo documento que deberá servir de guía para redactar el proyecto de ley, ha concluido la consejera, tras recordar que el objetivo del Govern es culminar el proceso en tres años.
