La defensa del principal acusado y supuesto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, ha presentado el anuncio de recurso de casación contra la sentencia del caso 'Malaya', en la que fue condenado a 11 años de prisión y al pago de una multa de 240 millones de euros.
La Audiencia de Málaga condenó a Roca por un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto no realizado, por blanqueo cometido como jefe de una organización, con la atenuante de confesión; por dos delitos de fraude por dos operaciones y por prevaricación. Además, fueron condenadas otras 50 personas más, mientras que se absolvió a 44 acusados, órgano que tendrá que resolverlo y determinar si casa la sentencia o la confirma. La Fiscalía Anticorrupción es una de las partes en este procesado que ya ha anunciado su recurso.
La Sala que juzgó el caso dictó sentencia el pasado 4 de octubre y, tras analizar las pruebas practicadas en las actuaciones, llegó a la "firme convicción de la realidad del sistema de corrupción generalizada que se había instaurado en el Ayuntamiento de Marbella por parte de los procesados y bajo el poder de hecho ejercido por Juan Antonio Roca".
En la resolución, el Tribunal señala la "absoluta dejación de funciones que realizaban los concejales procesados, aquietándose a los tejemanejes del señor Roca" y describe cómo las licencias y actuaciones urbanísticas se concedían y autorizaban en unas reuniones previas entre el principal acusado y los cabeza del gobierno tripartito de Marbella --Marisol Yagüe, Isabel García Marcos y Carlos Fernández (que está fugado)--, a los que entregaba los sobres con dinero a repartir entre los restantes concejales".
Así, se señala también que era Roca "quien requería a los empresarios el pago de cantidades para satisfacer sus intereses urbanísticos". "Ningún empresario entrega tan elevada suma de dinero altruistamente, gratis et amore, a quien no es nada menos que el gerente de Urbanismo de un Ayuntamiento como el de Marbella, paradigma del emporio urbanístico", se indicaba.
La Sala tuvo en cuenta como pruebas los archivos informáticos intervenidos por los investigadores en la empresa Maras Asesores, perteneciente a Roca, el cual los reconoció; y también las declaraciones de éste, aplicándole la circunstancia atenuante de confesión, porque "ha servido para dilucidar lo realmente acontecido, especialmente en lo referente a sociedades y blanqueo de capitales".
