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Sevilla

El alcalde de El Garrobo contrató sin proceso por la urgencia

La Fiscalía ha mantenido hoy su petición de nueve años de inhabilitación para Bernardo Alcón Moreno (PSOE), alcalde de El Garrobo (Sevilla), quien ha afirmado que contrató a peones agrícolas sin proceso de selección porque eran tareas puntuales de uno o dos días

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La Fiscalía ha mantenido hoy su petición de nueve años de inhabilitación para Bernardo Alcón Moreno (PSOE), alcalde de El Garrobo (Sevilla), quien ha afirmado que contrató a peones agrícolas sin proceso de selección porque eran tareas puntuales de uno o dos días.

El juicio ha quedado hoy visto para sentencia en el juzgado penal 2 de Sevilla, donde Alcón ha declarado que contrató a sus dos hermanas pero con el mismo ritmo que a los demás vecinos y una vez a cada una de ellas en el plazo de cuatro años.

Además, en el caso de una de las hermanas no le advirtieron hasta después de firmado el contrato que él debería haberse abstenido y haber encargado la firma a otra persona autorizada.


El abogado del alcalde ha informado a Efe de que Bernardo Alcón ha declarado que los contratos eran legales, tenían dotación presupuestaria suficiente y se trataba de un tipo de contrataciones para uno o dos días que dejaban de ser necesarias si se iniciaba un proceso de selección.

Pese a ello, la Fiscalía ha mantenido su petición de nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación, pues Alcón adjudicó las peonadas sin proceso de selección y con el informe en contra del interventor municipal.

El alcalde fue denunciado por el PP local por contratar entre 2008 y 2011 como peones agrícolas a diferentes vecinos, que fueron dados de alta como trabajadores eventuales del Ayuntamiento.

El escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, dice que los contratos se llevaron a cabo pese al informe desfavorable del secretario-interventor del Ayuntamiento y pese a que dichos oficios no constaban en el catálogo de puestos de trabajo del Consistorio.

Al no llevar a cabo concurso público "se conculcaron los principios constitucionales de igualdad, méritos y capacidad", según la Fiscalía.

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