El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado a los miembros de una organización criminal a quienes se incautó un alijo de hachís valorado en 102 millones de euros. Sus integrantes disfrutaban de un alto nivel de vida pese a que algunos cobraban el paro y pensiones de invalidez.
A esta red se le ha intervenido el mayor alijo de hachís localizado en Europa, con 52 toneladas localizadas en una nave industrial de Córdoba, y en total se le han decomisado 67 toneladas de esta droga.
En su auto de procesamiento, el magistrado destaca el alto nivel de vida que llevaban algunos de los integrantes como demuestra el hecho de que uno regalara un coche valorado en 35.000 euros a su hija estudiante cuando solo cobraba el subsidio de desempleo.
Su mujer fue además detenida en una clínica de estética cuando se realizaba las pruebas para una operación de aumento de pechos valorada en 4.000 euros. Esta mujer, que no desempeñaba ninguna actividad laboral, también ha sido procesada por el juez por un delito de denuncia falsa con la que intentó exculpar a su marido.
Otro de los miembros de la red ostentaba un alto nivel de vida, mientras que cobraba una "minúscula" paga por invalidez parcial, que "mal se compadece" con el domicilio donde residía, los vehículos de alta gama que conducía o la ropa de marca que usaba.
En el auto de procesamiento, el juez atribuye a los siete miembros del grupo organizado la comisión de un delito contra la salud pública con la agravante de cantidad de "notorísima" importancia y les impone unas fianzas de más de 500 millones de euros.
Los acusados fueron detenidos el pasado mayo por integrar una trama organizada asentada en Andalucía y con actividad en Marruecos dedicada al tráfico de estupefacientes a gran escala. Se trata de Antonio Torres, Juan Manuel Nogueras, Oliver Fernández, Francisco Javier Herrera, José Luis Gulló, Francisco Javier Granado y el supuesto cabecilla José Luis Herrera.
DROGA ENTRE PALÉS DE FRUTAS
Según el juez, el líder de la organización, que se encuentra en busca y captura, creó una empresa de frutas y transportes para dar apariencia de legalidad y poder trasladar la droga entre España y Marruecos. En un trailer de gran capacidad utilizando de cobertura palés de frutas o electrodomésticos trasladaba la droga desde Marruecos hasta Córdoba, donde tenía su base operativa.
Para no ser detectados en los controles policiales, los acusados embalaban la droga de forma prensada y termosellada con cera para que no se filtraran olores al exterior. Descargada la mercancía, el hachís era distribuido por naves de polígonos industriales de Córdoba y Granada, ciudad en la que tenían previsto instalar su negocio criminal.
El magistrado explica que cada uno de los miembros del entramado tenía una función concreta. Los jefes controlaban la distribución de la droga y negociaban su precio y calidad, mientras que el resto se encargaba de los pisos, coches, contabilidad e infraestructura necesaria para llevar a cabo su actividad. Las 67 toneladas de hachís incautadas alcanzaban un valor en el mercado de 102 millones de euros.
