Los desalojados la pasada semana por la Policía Local de Granada de las cuevas del cerro de San Miguel, en el barrio del Sacromonte, han vuelto al lugar con intención de reabrir sus viviendas, pese a la orden del Ayuntamiento de la capital, y llevan días trabajando en la limpieza y el desescombro de la zona, con ayuda de vecinos y amigos.
Una de esas vecinas, que vive en otra cueva cercana, ha explicado a Europa Press que la gente está acudiendo a San Miguel con palas, herramientas con las que han conseguido ya recuperar cinco de las cuevas. Su interior "permanece intacto", aunque las fachadas fueron destruidas por las excavadoras que el Ayuntamiento desplazó a la zona para sellar las entradas.
Eso demuestra, según sus moradores, "que no estaban en ruinas", como ha alegado la concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento, Isabel Nieto, o el alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, sino que eran viviendas en las que se podía vivir.
En ellas habitaban unas ocho personas, que ahora regresarán a sus casas, una vez que concluyan los trabajos de desescombro, para los que los afectados reclaman la "ayuda" de todo el que quiera colaborar. Además, una de las cuevas era utilizada como centro religioso y lugar de encuentro de ciudadanos senegaleses, uso que también se quiere recuperar.
Por otro lado, uno de los vecinos se ha puesto en huelga de hambre en protesta por la actuación del Ayuntamiento, mientras que algunas personas, que estuvieron en el lugar el día del desalojo, han iniciado acciones legales para denunciar la actuación policial, por la actitud "violenta" de los agentes y el uso de métodos "desproporcionados", como el gas pimienta.
Tras lo ocurrido el pasado jueves, el alcalde de Granada ya sostuvo que el desalojo se ejecutó por motivos "de seguridad", insistiendo en que las cuevas no son "viviendas" sino "agujeros en la tierra" con riesgo de derrumbarse.
Torres Hurtado consideró que el Ayuntamiento "ha hecho una labor importante de seguridad" con este desalojo, que a su entender se desarrolló sin incidentes, al margen de la detención de una persona por la supuesta agresión a un agente de la Policía Local.
Sin embargo, la delegada de Educación Cultura y Deporte de la Junta en Granada, Ana Gámez, estimó por su parte que el Ayuntamiento de la capital actuó de "forma imprudente" con las cuevas del cerro de San Miguel, una zona "sometida a cautela arqueológica de control de movimientos de tierra" donde se intervino con maquinaria pesada "sin contar con el permiso" de su departamento.
La delegada advirtió en un comunicado de que el Ayuntamiento no había presentado "ningún proyecto de intervención arqueológica en la zona que Cultura requiere, según la legislación vigente".
