El colectivo Defensa Ciudadana Activa (DCA) ha recibido quejas sobre el funcionamiento de la Delegación Territorial de Educación en Cádiz, que en su opinión podría haber dejado de atender expedientes remitidos por vía telemática.
El caso concreto que han recibido se inició en 2012, como consecuencia de un recurso enviado a esa administración en defensa de los derechos de un ciudadano. El recurso no recibió respuesta, por lo que el ciudadano inició la vía contencioso-administrativa para su resolución.
El procedimiento se inició en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Algeciras y pasó al nº 1 de Cádiz, donde lleva más de un año esperando que la Delegación Provincial de Cádiz remita el expediente.
El problema, según fuentes de la Delegación Territorial, estaba en que no tenían constancia del recurso, por lo que el interesado realizó una queja formal, obteniendo como respuesta un certificado en el que “consta que no se ha recibido el escrito cuyo número de registro se indicaba”, informaron desde DCA. Este certificado indicaba, textualmente que en la oficina de registro 655 @ries “no ha tenido entrada en esta oficina registral”. Ante tal respuesta, se remitió queja a los servicios de la Junta de Andalucía responsables de la plataforma Clara, por donde se realizó la remisión del recurso, confirmando la Dirección General de Política Digital días más tarde que el polémico recurso sí había sido entregado. Informaron al interesado de que en breve recibiría una respuesta muy distinta de la Delegación Provincial de Cádiz, aunque ésta no se ha llegado.
Revisión del buzón digital
Tras varias llamadas telefónicas intentando aclarar lo sucedido, la conclusión más lógica que pueden ofrecer desde la Dirección General de Política Digital es que el funcionario encargado del registro no revisara su buzón virtual durante los dos últimos años, afirman en DCA.
“Al parecer, al usar la plataforma Clara ésta remite los escritos a un buzón de correo que tiene cada departamento, similar al que utiliza la AEAT o la Seguridad Social para notificaciones a empresas, por lo que resulta imprescindible que los funcionarios lo revisen. No obstante, estos buzones deben tener poco movimiento y lo más habitual es que reciban todo el correo en papel, por lo que podrían haber dejado de utilizarlo y de ahí que no les constara la entrada del registro”, criticaron.
Esta situación, a juicio de DCA, resulta “imposible de pasar por alto en una administración pública. El hecho de que personal cuyo salario pagamos de nuestros impuestos pueda permitirse estar dos años sin mirar un buzón electrónico que está bajo su responsabilidad no puede consentirse”, denunciaron.
Por ello, DCA solicitará el inicio de un expediente disciplinario contra la autoridad o personal responsables. El procedimiento podría conllevar desde un apercibimiento al despido disciplinario junto a la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato con funciones similares.
El impedimento para comunicarase con el colegio. Ese es el motivo por el que el presidente de la asociación Defensa Ciudadana Activa acudió a la Delegación Territorial de Educación. Según explica, se trataba de una reclamación por los impedimentos que un centro educativo de Guadiaro había puesto a varios ciudadanos para comunicarse con él. El colegio, relatan desde DCA, solo lo hace con el padre, la madreo el tutor, aunque exista una autorización de estos. Tampoco les permitían recoger a los niños o las notas, ni siquiera con dicho escrito de autorización. Además, incluían otras quejas, como que el centro no avisaba al centro de salud si un niño lo requería.
