La Fiscalía pide seis años de cárcel para un antiguo jefe de la Seguridad Social acusado de cobrar durante 19 años las pensiones de viudedad y de familiar de militar de su madre, que murió en 1992, hasta sumar 137.852 euros de forma indebida.
Según la Fiscalía, R.A.S.M., que fue jefe de equipo de la Administración de la Seguridad Social número 1 de Sevilla y luego gestor informador, sería autor de los delitos continuados de falsedad y estafa.
El funcionario no comunicó la muerte de su madre ni al Instituto de la Seguridad Social ni al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, organismos que le pagaban una pensión a la mujer reconocida desde el 1 de diciembre de 1988.
El acusado cobró ambas pensiones entre el 31 de diciembre de 1992 y el 30 de septiembre de 2011, tiempo durante el cual imitó la firma de la fallecida en los denominados "Controles de vivencia" que se le exigían como documento para constatar que la perceptora de la pensión estaba viva, asegura la Fiscalía.
Esos controles incluían una copia del DNI de la fallecida y un folio en el que se recogían sus datos de identidad y domicilio así como que padecía ictus cerebral, demencia senil e inmovilidad motriz, todo ello rematado por un sello de la Junta de Andalucía y de la Seguridad Social.
En los controles de vivencia también estaba la firma de un empleado aseverando que los documentos presentados coincidían con los originales, señala la Fiscalía.
Para elaborar esos documentos y renovarlos cada año, la Fiscalía considera que el funcionario usó un sello de cotejo de documentos de la Seguridad Social que tenía a su disposición y hacía una rúbrica como si fuera la de un empleado del organismo.
Tras falsificar los documentos, el acusado los enviaba por fax a un banco y al ministerio para cobrar ambas pensiones de la mujer.
De esta forma, obtuvo 57.726 euros del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de los que se han recuperado 14.586, y otros 85.086 euros del Ministerio de Economía y Hacienda.
Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita para el funcionario una multa de 7.200 euros y que indemnice a la Seguridad Social con 38.139 euros (el dinero que falta por recuperar), al banco estafado 14.586 euros y otra indemnización de 85.086 euros al Ministerio de Economía y Hacienda.
