La directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, ha recordado que fueron sus funcionarios los que detectaron y denunciaron ante la Policía Autonómica el posible fraude en la venta de entradas y el control de accesos al monumento de 2002 a 2005, un caso por el se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Granada un total de 50 acusados, concluida ya la instrucción que ha realizado el Juzgado de Instrucción 6 de Granada.
En una entrevista con Europa Press, Villafranca ha rechazado de esta forma que los gestores del monumento tengan algún tipo de "responsabilidad política" en este asunto, como le reclama el PP, ya que además, según ha indicado, entonces la Alhambra no contaba con los medios suficientes "para poder detectar el tipo de fraude que se estaba produciendo".
Según ha indicado, la responsabilidad de la Alhambra en este caso "está más que justificada con el hecho de la denuncia". "Quiero dejar muy claro que no hubo denuncia de terceros, fue la propia Alhambra, los funcionarios con mi visto bueno fueron los que se presentaron la denuncia en la Policía Autonómica que era la competente en esta materia", ha aclarado.
Villafranca, que será testigo en el juicio que se celebrará en la Audiencia, ha preferido ser cautelosa sobre este asunto, aunque sí ha indicado que durante la instrucción el propio BBVA le reconoció "lo que se había hecho".
"Yo me considero en ese sentido resarcida como administradora pública de algo que se ha reconocido que efectivamente se había hecho y además se ha compensado económicamente, y ya hay una parte que hemos cobrado", ha agregado.
Sobre la cantidad que el juez instructor considera que supuso el fraude de perjuicio económico para el monumento, de 6,6 millones de euros (3,5 por ingresos no percibidos y 3,16 por los daños materiales por excesos de aforo), la directora del Patronato no ha querido pronunciarse. "Son las deducciones y las estimaciones del juez y del fiscal en base a una investigación, pero las mías son otras", se ha limitado a decir.
EL Juzgado decretó apertura de juicio oral el pasado mes de octubre contra 50 acusados, tras cerrar la instrucción en marzo tras casi nueve años de investigación. La Fiscalía reclama penas de entre cuatro y nueve años de cárcel y multas para 45 de los acusados, la mayoría de ellos controladores.
Concretamente, el Ministerio Público les atribuye provisionalmente un delito continuado de apropiación indebida --o subsidiariamente un continuado de estafa--; otro continuado de falsedad en documento mercantil; y finalmente un delito continuado de daños al patrimonio histórico artístico.
Para diez de ellos pide nueve años de prisión y 9.000 euros de multa, mientras que para los 35 restantes rebaja la pena a los 4 años de cárcel y 2.160 euros de multa. Por otro lado, para otros 32 imputados interesa el libre sobreseimiento, "por no quedar acreditada su participación en los hechos".
En concepto de indemnizaciones, el fiscal reclama además a todos los acusados, con las agencias de viajes Daraxatour S.L. y Washington Irving S.L. como responsables civiles subsidiarios, que paguen conjunta y solidariamente al Patronato de la Alhambra y el Generalife 6,66 millones de euros, cifra que calcula que supuso el perjuicio económico para el monumento por los ingresos no percibidos (3,5 millones) y por los daños materiales causados por los excesos de aforo (3,16 millones).
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, la presunta trama delictiva estaba encabezada por cinco miembros de una misa familia, dos de ellos guías turísticos, otro director comercial del Hotel Carmen y el resto de las agencias de viajes Witt Travel S.L. y Daraxatour S.L., quienes "con la finalidad de conseguir un provecho patrimonial ilícito idearon y ejecutaron durante los años 2002 a 2005 un plan" para ingresar lo que sus clientes pagaban para obtener una entrada a la Alhambra, monumento al que accedían pese a este sistema ilícito.
Estos acusados aprovecharon también las relaciones de amistad y profesionales que les unían con otro de los procesados, un guía turístico que durante 40 años prácticamente monopolizó la visita del turismo japonés a Granada gracias a su conocimiento del idioma y contactos con agencias que gestionaban grupos de esta nacionalidad.
