El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Rota ha finalizado la instrucción del 'caso de los Convenios Urbanísticos' y ha dictado auto de procesamiento contra la actual alcaldesa de la localidad, Eva Corrales (PP), su antecesor y actual primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez (RRUU), un empresario local al que presuntamente adjudicaban obras de manera irregular llamado Felipe Castellano, el secretario del Ayuntamiento y otras cinco personas, entre ellas el exedil del PP Ismael Puyana.
La titular del juzgado considera en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que hay indicios para imputar a Corrales y Sánchez los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Asimismo, entiende que puede imputarse a Sánchez y a otros cinco acusados, entre ellos el empresario presuntamente beneficiado, un delito de cohecho activo y pasivo.
Detalla que Lorenzo Sánchez ha sido alcalde de Rota desde junio de 2003 a octubre de 2010, continuando en el Ayuntamiento como primer teniente de alcalde. Le sucedió en la Alcaldía Eva Corrales, que en la etapa de su predecesor ejerció diversos cargos, entre ellos el de delegada de Planeamiento Urbanístico en las fechas de los hechos investigados.
Recoge el auto que, en el ejercicio de sus cargos y con la colaboración directa de los demás imputados, Corrales y Sánchez celebraron diversos negocios jurídicos y convenios urbanísticos con las empresas del entorno de Castellano, "vulnerando de forma flagrante y a sabiendas la normativa urbanística y reguladora de las entidades locales, con el fin de beneficiar tanto a Felipe Castellano como a Lorenzo Sánchez".
La actuación fraudulenta a la que alude consiste en la firma de tres convenios urbanísticos en los que "los imputados obligaban a la Corporación Local a entregar una suma de dinero a las empresas de Castellano, normalmente procedente de subvenciones, para financiarle obras que debía asumir la Junta de Compensación, acordándose la devolución de las cantidades en otro convenio mediante la adjudicación de obras públicas sin licitación".
Sostiene que dichos convenios eran "promovidos por el entonces alcalde, Lorenzo Sánchez, y la delegada de planeamiento, Eva Corrales", contando con la colaboración del resto de imputados. Recalca que utilizaban los cargos que ocupaban para favorecer a este empresario local "vulnerando la normativa e imponiendo al Ayuntamiento la ejecución o abono de obras que no le correspondían".
La juez instructora apunta que Sánchez y Corrales "no pueden ampararse en el desconocimiento de los aspectos básicos de su cargo", argumentando además que las irregularidades detectadas en los convenios son "tan flagrantes" que no son necesarios conocimientos exhaustivos de derecho urbanístico para detectarlas.
Incide en que esto demuestra que la actuación de los imputados "iba dirigida a utilizar la figura de los convenios para lograr sus fines, burlando las normas administrativas que garantizan el interés de la administración, y todo ello en provecho propio y de fines particulares".
VINCULACIÓN CON EMPRESAS DE SÁNCHEZ
Con las actuaciones descritas en el auto, Castellano habría obtenido beneficios derivados de la adjudicación directa de obras públicas para sus empresas sin la necesidad de acudir a los procedimientos administrativos correspondientes y sin tener competencia y concurrencia en sus contrataciones con el Ayuntamiento.
Por otra parte, señala que Lorenzo Sánchez "también resultó beneficiado al contratar las empresas de Felipe Castellano con las empresas de su entorno, principalmente con Pacheco Puyana, S.L., entre los años 2007 y 2011".
Apunta que la empresa Pachecho Puyana, S.L. "ha sido dirigida por los imputados Lorenzo Sánchez e Ismael Puyana, si bien nominalmente aparecían como socias fundadoras sus respectivas esposas" --imputadas en la causa--, y aunque las acciones de una de ellas fueron transmitidas a otro de los imputados en el procedimiento, "quienes continuaron controlando la empresa fueron Lorenzo e Ismael".
Alude el auto a un informe de la Agencia Tributaria según el cual las cantidades facturadas por empresas de Felipe Castellano a las empresas del entorno de Lorenzo Sánchez durante este periodo alcanza la cantidad de 532.851 euros.
De esta forma, entiende que a cambio de beneficiar con los mencionados convenios urbanísticos a las empresas de Felipe Castellano, Lorenzo Sánchez obtuvo un beneficio económico a través de las empresas de su círculo, obteniendo una facturación elevada procedente de las empresas de Castellano, que de esta forma "abonaba los favores obtenidos en el Ayuntamiento".
Cabe recordar que el mismo juzgado acordó iniciar una pieza separada de este caso en relación al convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Rota y la Promotora Castellano para la construcción del aparcamiento de la Merced. Entre los imputados figuran Corrales, Sánchez y el exedil del PP en Rota y actual alcalde de Chipiona, Antonio Peña, quienes el pasado 26 de marzo se acogieron en sede judicial a su derecho a no declarar.
