'Por Cádiz sí se puede' ha apostado por "remunicipalizar" los servicios municipales "externalizados" si alcanza la Alcaldía el próximo 13 de junio, según ha indicado la formación en el primer artículo de un ciclo de Tribunas Libres que van a realizar para explicar algunas de las medidas que realizarían, así como la forma de ponerlas en práctica.
En este sentido, han indicado que la Real Academia de la Lengua define municipalizar como "convertir en municipal un servicio público que estaba a cargo de una empresa privada". Sin embargo, en Cádiz, y a su juicio, el caso es el "contrario".
"Lo que era del municipio, desde el año 2000, se transfirió a unos pocos mediante la privatización de los servicios. Por ello, como es hora de devolver al pueblo el control de lo que es suyo, hay que inventar palabras y tenemos que forzar el lenguaje empleando un extraño verbo: remunicipalizar", han agregado en un artículo suscrito por el candidato a la Alcaldía, José María González 'Kichi'; Manuel González Bauza, el número tres de la lista al Ayuntamiento, y Carlos Vila, abogado experto en derecho administrativo..
Según 'Por Cádiz sí se puede', pretenden "fijar una estrategia de recuperación progresiva de la gestión pública de los servicios municipales externalizados".
En esta línea, ha apostillado que "el argumento que se empleó para contratar a empresas como Licuas SL, Limasa, Expertus, Acciona Facility Services, Medios Acuáticos SL, Arasti Abarca, Eulen o la UTE Sufi-cointer en Cádiz, como en tantos municipios gobernados por el PP o el PSOE en todo el país, fue el que las privatizaciones ahorraban recursos del erario público".
"En nuestra ciudad podemos extraer algunas primeras conclusiones de la experiencia: el servicio prestado se ha ido deteriorando, el número de personas contratadas fue descendiendo, sus condiciones salariales y laborales se precarizaron, y la guinda: nos sale más caro a las y los contribuyentes gaditanos", señala la agrupación.
En su opinión, los Presupuestos Municipales "no solo sufragan el coste del servicio, sino que además la factura se recarga con el IVA --que según las actividades se les aplica entre un diez por ciento y un 21 por ciento-- por un importe que alcanza anualmente entre 3.500.000 y 4.150.000 euros". Y, además con un beneficio industrial para el conjunto de las empresas adjudicatarias que, "haciendo una estimación prudente, a la baja, puede alcanzar la cantidad de entre 1.500.000 y 1.900.000 euros".
"Cuando terminen, si conseguimos el gobierno de la ciudad, desde 'Por Cádiz sí se puede', vamos a proceder a su extinción y no renovación aunque revisando caso por caso", han asegurado.
'Por Cádiz sí se puede' ha adelantado que analizarán los costes de la rescisión unilateral del contrato antes de su fecha de finalización, "para comprobar si es posible acelerar la devolución de la gestión del servicio al Ayuntamiento".
Asimismo, ha criticado que la legislación que los regula "no es óptima y habrá que cambiarla a escala estatal y mediante regulación autonómica y municipal de los contenidos de los pliegos, así como de la enumeración de los servicios no privatizables".
"Tiempo al tiempo, pero mientras tanto vamos a usar todos los recursos a nuestro alcance para acabar con el latrocinio de las arcas públicas", apunta la formación, a la vez que ha recalcado que "tras analizar toda la normativa vigente aplicable y particularmente la Ley de Contratos del Sector Público y modificaciones, por la que se rigen también los municipios, se puede deducir que esa misma normativa permite anticipar la re-municipalización sin coste económico en ciertos supuestos de incumplimiento".
"DESPRIVATIZACIÓN"
Por ello, ha advertido de que si el día 13 de junio consiguen "un nuevo gobierno del cambio", en primer lugar "auditarán todos los contratos de externalización de servicios de forma exhaustiva para analizar su legalidad y sus incumplimientos".
Y es que, añade, para ello la Ley de Contratos del Sector Público "contiene elementos para declararlos nulos, anulables o imponer sanciones importantes a las empresas concesionarias por incumplimiento".
En segundo lugar, han avanzado que "equipararán, precisamente usando el remanente de ahorro que supone la desprivatización, a las personas de los servicios públicos remunicipalizados a las mismas condiciones laborales que el personal municipal, lo que supone una inyección positiva en la masa salarial de la ciudad que beneficiará al conjunto de la actividad económica".
