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Martes 18/06/2024  

Jerez

La economía deja de ser un obstáculo para las nulidades matrimoniales

El obispo decreta que “en ningún caso” la falta de medios “será impedimento” para el normal desarrollo de los procedimientos

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  • El obispo José Mazuelos

El Obispado de Asidonia-Jerez ha hecho suyas las últimas directrices del papa Francisco al respecto de los procedimientos de nulidad matrimonial, que fundamentalmente tratan de simplificarlos. Así, monseñor Mazuelos ha decretado que en adelante “en ningún caso la situación económica” sea “impedimento para la realización del proceso de nulidad”.
En el caso de la Diócesis de Asidonia-Jerez, algunos juristas consultados por este medio aseguran que la falta de medios nunca había supuesto un obstáculo real. Sin embargo, destacan el hecho de que esta medida aparezca ya recogida en un decreto.
Del mismo modo, el documento dictado por monseñor Mazuelos limita los honorarios de los abogados que participen en estos procesos. Así, se establece un tope de 2.000 euros para los procesos ordinarios y de 1.000 para los procesos breves.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el obispo “ruega a todos los fieles, especialmente a los que mayores recursos económicos puedan tener, que en la medida de sus posibilidades contribuyan con su adecuado donativo al sustento” del Tribunal Diocesano para las causas de Nulidad, “así como para ayudar a los gastos de los procesos de aquellas personas que peor situación económica puedan tener”.
Al mismo tiempo, “y para cumplir con las disposiciones que el papa Francisco ha propuesto en su documento Mitix Iudex Dominus Iesus”, el obispo constituye el Departamento Pastoral del Tribunal Diocesano, “para que bajo la dirección del vicario judicial, y contando con un equipo multidisciplinar de seglares y clérigos aprobados por el ordinario del lugar, pueda encargarse de la acogida pastoral e investigación prejudicial de aquellas personas que soliciten el servicio de este tribunal”.
Este órgano diocesano se constituyó el pasado mes de diciembre y está coordinado por el vicario judicial y secretario general canciller, Miguel Ángel Montero Jordi.

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