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Huelva

Limpiadoras de Subdelegación, sin cobrar y en un limbo laboral

Limpiezas Marsol es la adjudicataria del contrato: la Administración paga pero el dinero no llega a las trabajadoras, a las que les adeudan cuatro nóminas y dos pagas extra

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  • Protesta en Marsol (Archivo) -

Llevan desde octubre sufriendo retrasos en el pago de sus retribuciones laborales, y en la actualidad les adeudan cuatro nóminas y dos pagas extra, además de incumplimientos reiterados del convenio por el que se rigen, tales como la bolsa vacacional, la antigüedad, el plan de ropa...

Hablamos de seis limpiadoras adscritas a la Subdelegación del Gobierno, inmersas en un limbo laboral en el que las han dejado prácticamente atadas de pies y manos.

El quid de la cuestión es que el servicio de limpieza para Subdelegación lo presta la empresa Limpiezas Marsol, adjudicataria del contrato. La administración paga mes a a mes a esta empresa, pero el dinero no llega a las trabajadoras, entre otros motivos, porque Marsol está embargada por Hacienda y la Seguridad Social, y todos los ingresos que percibe, salen rápidamente.

Las trabajadoras, según han explicado a Viva Huelva sus abogados, han denunciado estos impagos e incumplimientos ante el Juzgado de lo Social  y ante la Inspección de Trabajo. El problema es que si reclaman ante el juez el despido objetivo por incumplimiento de contrato, pierden la adscripción al centro de trabajo y, con ello, su puesto de cara a la próxima adjudicación del servicio.

Así viene establecido en el Convenio Colectivo de Agencias de Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de Huelva. En el apartado b del artículo 35, se especifica que “al término de la concesión de una contrata de limpieza, los trabajadores de la empresa saliente pasarán a estar adscritos a la nueva titular de la contrata, que se subrogará en todos los derechos y obligaciones de la anterior”.

Es decir, que la pelota está en el tejado de la Subdelegación, ya que la única vía para que estas seis trabajadoras pusieran fin a esta agonía laboral es que la Administración rescinda el contrato con Marsol, que acaba a finales de julio.

Fuentes de la Subdelegación han indicado a Viva Huelva que, por su lado, siempre se ha cumplido en el pago de la concesión, es decir, que mes a mes pagan por el servicio de limpieza. Además, recalcan su “preocupación por la situación de las limpiadoras, algunas con mucho tiempo de trabajo en el centro”, y que están haciendo lo que está en su mano para buscar una solución.

Se podría hacer más
Sin embargo, los abogados de estas limpiadoras no están de acuerdo con esta postura y recuerdan que una situación similar se ha vivido recientemente con las limpiadoras adscritas al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la provincia. También eran trabajadoras de Marsol y sufrían los mismos impagos que sus compañeras en la Subdelegación. En su caso, la Junta ha rescindido el contrato y una nueva adjudicataria se ha hecho cargo de estas limpiadoras.

Los abogados se reunieron esta semana con varios representantes de la Subdelegación, entre ellos el secretario general. El mensaje que les trasladaron, con “muy buenas palabras”, era que “el tema se escapa de su responsabilidad, que está en manos de la Abogacía del Estado, y desde allí entienden que no hay incumplimiento en el contrato entre Marsol y la Subdelegación, y por tanto, no se puede rescindir”.

Sin embargo, los representantes legales de las afectadas se preguntan que si el SAE  ha podido hacerlo, por qué la Subdelegación no puede. El motivo esgrimido por la Junta para la rescisión del contrato de Marsol fue que incumplían una de las condiciones generales del contrato, el relativo a que “la empresa está obligada a emplear cuanto material se precise para el perfecto estado de limpieza de todas las dependencias, debiendo en todos los casos emplear material de primera calidad”.

Estas seis trabajadoras aseguran que no cuentan con el material suficiente, por lo que habría una causa objetiva. Además, en el pliego de cláusulas se apunta que es causa de resolución del contrato “la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados  o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos”.

¿Hay lesión más grave que el impago a las trabajadoras? Mientras, siguen esperando cobrar por su trabajo.

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