El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz llevará al Pleno correspondiente al mes de octubre una moción para instar al Gobierno Central a que cierren los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). Desde el Equipo de Gobierno consideran que, tras años de trabajo permanente por parte de diferentes organizaciones en defensa de los Derechos Humanos “se ha conseguido visibilizar la realidad de los CIE y denunciar la opacidad e impunidad que los rodea”.
Aseguran que ninguna institución puede permanecer al margen de los acontecimientos que suceden en los CIE y subrayan la necesidad de avanzar en un modelo que considere a la inmigración como un “fenómeno social complejo y consustancial a cualquier sistema social de toda época histórica, teniendo como primer paso fundamental el cierre de estos centros de internamiento”.
El marco normativo actual de la Unión Europea obliga al Estado a expulsar o regularizar a las personas que se encuentran en situación irregular. Así se establece en la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes a los Estados miembros para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular (BOE núm. 348, de 25 de diciembre de 2008), conocida como Directiva de Retorno. Sin embargo, desde el Equipo de Gobierno recuerdan que el artículo 15.1 de esta misma normal cuando regula el internamiento previo a la expulsión, por una parte, exige que se adopten “con eficacia otras medidas suficientes de carácter menos coercitivo”; y, por otro lado, dispone de carácter potestativo, en establecer que “los Estados miembros podrán mantener internados a los nacionales de terceros países que sean objeto procedimiento de retorno”. Por tanto, si bien es posible, “no es en ningún caso obligatorio que ningún Estado de la Unión Europea cuente con un CIE por lo que, con voluntad política, mañana mismo se pueden cerrar todos los CIE inmediatamente”.
El Equipo de Gobierno hace hincapié en el fracaso de las políticas de inmigración relacionados con los CIE ya que por una parte “resultan ineficientes e innecesarios en cuanto al cumplimiento de sus funciones” y “vulneran los derechos más básicos de las personas internadas. Pero, por encima de estas dos razones que ya de por sí “son más que suficientes, “es que “al margen de que su propia existencia podría considerarse contraria a los Derechos Humanos, resulta probado “que en estos centros se vulneran sistemáticamente los derechos más básicos de las personas internadas”.
Insisten en que “los CIE constituyen espacios opacos en los que no se garantizan adecuadamente derechos tan básicos como la salud física y psicológica, la educación o la identidad; pero tampoco derechos fundamentales como lo son el derecho a la vida personal y familiar, a la intimidad, a la integridad física, al acceso a la justicia, o incluso en la propia vida”.
Por último, señalan que “el Ayuntamiento, al igual que han hecho ya otras administraciones, debe posicionarse contra estas y cualquier otra práctica o legislación que vulnere derechos protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por la Constitución Española y por el Estatuto de Andalucía”
