El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, presentó este miércoles en el Parlamento regional el Informe Anual que somete a radiografía el escenario en el que se mueven los menores. Esa memoria da cuenta de hasta 3.348 actuaciones el pasado año, de ellas 1.370 quejas y 1.978 consultas, con un significativo incremento del 23% en las intervenciones de la institución respecto a 2014. Horas después, en el plató de Acento Andaluz, el programa de Ondaluz TV, detallaba que ese incremento se debe a que se ha ampliado el espectro de actuación “analizando aspectos antes ignorados” y también a que crece la conciencia del menor de que puede y debe ejercer sus derechos.
El informe, desgranado en el Pleno del Parlamento ante los cinco grupos políticos que forman la Cámara, aboga entre otras líneas de actuación por combatir la pobreza infantil, “una de las grandes lacras de la crisis económica”, o por profundizar en las prestaciones educativas, con especial incidencia en aquellas con impacto entre los estudiantes con necesidades especiales. “Se ha hecho especial énfasis en los criterios económicos, pero nosotros pedimos que por ejemplo un alumno de Educación Especial esté en un comedor con medidas integradoras. Hay que potenciar ambas cosas y voy a luchar por ello”, confirmó.
La Oficina del Defensor ultima también un esperado informe sobre los efectos del acoso infantil. Maeztu aboga por profundizar en uno de los grandes logros, el de “sacar ese fenómeno del silencio”, como se hizo en su día con la violencia machista y, en especial, los crecientes casos “de violencia filopaternal”. En esa parcela, asegura estar preocupado por “los problemas que afectan al acosado y al acosador” y “los protocolos”, pero alerta de que no se “confunda acoso con una simple pelea”.
Sobre todos aspectos que sacuden la actualidad andaluza, en el caso de las movilizaciones contra la política sanitaria de la Junta abogó por someter todos los procesos que conlleven cambios profundos, como el de la fusión hospitalaria de Huelva o Granada, a reformas "parciales, progresivas y bien informadas" que no deriven en errores como los cometidos en esas dos ciudades. "Yo creo que quizás lo ocurrido se deba a que no se haya analizado a fondo. Si hay una vuelta atrás [de la Junta de Andalucía] igual habría que empezar de otra manera", recomendó. De lo contrario, alertó, quizás "se alimenten intereses particulares".
Maeztu apuesta también por "enterrar la guerra de cifras" con la que las administraciones regional y central se tiran los trastos a la cabeza estos días en los que se celebra el décimo aniversario de la Ley de Dependencia sobre quén aporta más o menos financiación al sistema. Sólo aunando esfuerzos entre ambas, recomendó, "se podrá asentar la prestación domiciliaria pero profundizar también en la otra asignatura pendiente, la de plazas residenciales". Sobre las críticas que le han llovido a la Consejería de Educación por las conclusiones del Informe Pisa, abogó por interpretar que los resultados son "unos indicadores más o menos valiosos" que en realidad "deberían servirnos para analizar qué se hace bien y qué se hace mal, en qué centros y con qué recursos contamos".
El Defensor también confirmó que, de momento, Andalucía tan sólo ha acogido a 24 menores refugiados. La cifra, escuálida, se debe a que quienes llegaban hasta la comunidad desde zonas de conflicto pasaban por la región pero no se quedaban en ella porque tenían otros puntos de destino. Ahora sí permanecen aquí, por lo que comienzan a constar en los registros autonómicos.
