Los diputados del PSOE por la provincia de Cádiz Salvador de la Encina y Miriam Alconchel llevarán al Congreso la problemática del colectivo de vigilantes de seguridad de los edificios del Ministerio de Defensa por la posible concesión de estos trabajos a la empresa Mar Segur, "denunciada ante los tribunales de justicia porque pretende aplicar su propio convenio colectivo antes que el convenio colectivo estatal".
Según han indicado a Europa Press, esta situación afecta a la provincia a seis centros y unos 30 trabajadores. Además, han indicado que "existe una gran preocupación dentro de la plantilla, ya que denuncian que esta compañía es conocida en el sector de seguridad por la precarización de las condiciones laborales".
Según han explicados los diputados socialistas, "los responsables de la empresa concesionaria Marsegur Seguridad Privada, a pesar de que su convenio colectivo está debidamente impugnado y pendiente de resolución judicial, se han puesto en contacto con el personal y han anunciado la reducción del salario y la aplicación del convenio con las consiguientes desventajas para la plantilla". En este sentido, han apuntado que "esto supone, de facto, una reducción salarial media de un 45 por ciento sobre lo que han venido cobrando con la empresa cesante".
Según han apuntado desde el PSOE, los trabajadores manifiestan que de media, y sin contar con los complementos salariales personales y de centro de trabajo, en la primera nómina recibirán 326 euros menos sobre un salario de poco más de 1.000 euros. Además, las pagas extraordinarias pasarán a ser un tercio menos de lo que se cobra en la actualidad, pasando de 970 euros a 650 euros, "y para disimular la reducción real mensual, las pagas se prorratearán por doce meses".
Asimismo, han apuntado que al aplicar las retenciones pertinentes, así como los complementos salariales personales, el salario neto mensual nunca superará los 750 euros, desde el momento en que algunos pluses desaparezcan o sean reducidos.
"Si el Ministerio no lo evita, pasarán del mileurismo a la indigencia laboral", ha afirmado Alconchel, que ha advertido de que "el Gobierno presume de estar creando empleo, pero hechos como este demuestran que la balanza se decanta claramente hacia la precariedad". "Un organismo público no puede amparar este tipo de explotación de los trabajadores, menos aun cuando según sus previsiones, la economía levanta vuelo", ha añadido.
Por ello, los diputados socialistas se han comprometido con los representantes de los trabajadores a elevar al Congreso iniciativas como la solicitud de información, concretamente los pliegos del concurso y la documentación para conocer el procedimiento.
Además, preguntarán al Ministerio de Defensa "que aclare con qué nivel de compromiso por parte del Gobierno cuentan los trabajadores para negociar con la nueva empresa concesionaria que no exista retroceso en sus derechos laborales", así como "qué medidas va a adoptar el Gobierno para vigilar el cumplimiento de la legislación laboral".
Finalmente, Alconchel ha afirmado que "de cara a futuros procesos, el Gobierno debería introducir cláusulas sociales en las licitaciones públicas para salvaguardar los derechos de los trabajadores, como ya se viene haciendo en otras administraciones".
