El Ministerio de Hacienda y Función Pública se reunirá esta semana, previsiblemente el martes, con los sindicatos para abordar la interinidad de los empleados públicos, según informaron fuentes de CSIF.
Al encuentro en principio acudiría por parte de Hacienda la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, tras la última reunión del pasado 14 de febrero, a la que asistió también el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y en la que hablaron con los sindicatos más representativos del sector público (CC.OO., UGT y CSIF) sobre el empleo público y las condiciones laborales de los tres millones de funcionarios y empleados públicos.
En ese encuentro, Montoro planteó a los sindicatos del sector público reactivar el diálogo con una negociación a tres años sobre condiciones laborales, aunque evitó concretar una revisión salarial a la espera de los Presupuestos de 2017 y su negociación, según explicaron los sindicatos.
De esta forma, las organizaciones sindicales podrían abordar con Hacienda en el encuentro de esta semana la sentencia europea que instaba a España equiparar la indemnización de los trabajadores interinos con la de los indefinidos, y las medidas a tomar sobre el análisis realizado por el grupo de expertos nombrado por el Ministerio de Empleo, que recomendó una indemnización por finalización de contrato de al menos 12 días para los interinos.
PLAN PARA REDUCIR EL NÚMERO DE INTERINOS
Por el momento, Hacienda está examinando con los sindicatos y las comunidades autónomas un plan, a incluir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, con el que pretender reducir la temporalidad en el sector público haciendo fijos a los empleados públicos interinos de Educación y Sanidad, según informaron a Europa Press en fuentes ministeriales.
La Encuesta de Población Activa (EPA) refleja que el sector público destruyó 14.600 empleos en 2016 y, según los sindicatos, el 35% de la plantilla del Sistema Nacional de Salud y el 25% de los profesores no universitarios son interinos. A nivel general estiman una tasa de interinidad próxima al 25% en todo el sector público.
La semana pasada el sector de Educación de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) denunció que con la ausencia de oposiciones docentes este año se dejarán sin cubrir 50.000 plazas, por lo que pidió al Gobierno que apruebe un decreto ley para que, en el caso de que no haya Presupuestos en 2017, dé seguridad jurídica a las comunidades autónomas, que son las que convocan las plazas.
En cuanto al ámbito sanitario, fuentes de UGT indicaron a Europa Press que la temporalidad en el sector roza casi el 40%, alcanzando en algunas comunidades el 60%, como en el caso de Canarias, por lo que reclamaron la eliminación de la tasa de reposición.
En el marco de la Mesa de Negociación se constituyeron a finales del año pasado dos grupos de trabajo, uno con los sindicatos y otro con las comunidades autónomas. Así, tras producirse una primera reunión intermedia del grupo de trabajo se entregaron unos documentos a las organizaciones sindicales por parte del grupo de trabajo de las comunidades autónomas que contenía propuestas para reducir la temporalidad.
De esta forma, los sindicatos están trabajando para presentar próximamente sus alegaciones a dichas propuestas, que volverán al ámbito de la negociación y podrán consensuarse para alcanzar o no un acuerdo definitivo.
Por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel caballero, mantuvo la semana pasada una reunión con Collado, a la que pidió que en 2017 la tasa de reposición de los empleados públicos locales se fije en el 100%, como mecanismo para recuperar los puestos de trabajo perdidos por las limitaciones planteadas desde 2012 por la normativa de equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera.
Según la FEMP, la norma ha afectado especialmente al a Administración local, que desde 2012 hasta 2016 ha perdido casi 100.000 empleos, que representan una reducción del 15% de disminución de sus recursos humanos. En la Administración General de Estado (AGE) y en las comunidades autónomas los porcentajes de reducción han sido del 11,5% y del 3,7%, respectivamente, según sus cálculos.
