La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado íntegramente la condena de prisión, ya dictada por el Juzgado de los Penal número cuatro de Córdoba, de tres años de cárcel para el administrador y de un año y seis meses para los dos operarios de la empresa 'Gas Califa S.L.', conocida por Infogas, como autores de un delito continuado de estafa a una veintena de usuarios de gas, en su mayoría personas mayores.
Además, según informa la Fiscalía Superior de Andalucía, también se condena a la empresa Infogas a una pena de 8.000 euros de multa y a indemnizar a las víctimas con las cantidades defraudadas, que ascienden a una media de 260 euros, según las denuncias.
La sección de Defensa de los Consumidores de la Fiscalía de Córdoba procedió, desde el principio, a solicitar, tanto al Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Córdoba, como al de la Junta de Andalucía, que agrupasen todas las reclamaciones, para así presentar desde la Fiscalía una denuncia conjunta por delito continuado de estafa por la cifra total defraudada.
Para el fiscal responsable de la Defensa de los Consumidores, Fernando Urbaneja Santos, "la respuesta y capacidad de interlocución con las administraciones para unificar las denuncias ha sido decisoria para alcanzar una condena de prisión a este fraude continuado, que se repite en distintas provincias españolas". Con este procedimiento se ha conseguido una de las pocas sentencias condenatorias con cárcel para autores de estafa a usuarios de gas.
Las denuncias que se tramitaban independiente y dado el escaso valor de lo defraudado daban lugar a un juicio de faltas, actualmente considerado delito leve, y con consecuencias poco disuasorias para los autores del fraude.
La condena de prisión confirmada fue la solicitada por la Fiscalía de Defensa de los Consumidores. Los hechos se produjeron entre enero de 2013 y agosto de 2014 en Córdoba capital, cuando los operarios de esta empresa de gas, en un plan diseñado por el administrador de Gas Galifa, se ofrecían para realizar inspecciones rutinarias en los hogares con revisiones no exigibles y simulaban o llevaban a cabo reparaciones que no se correspondían con necesidades reales.
Cuando accedían a viviendas en las que se encontraban personas mayores, bien porque se encontraban solas o enfermas, aprovechaban estas situaciones para convencerlas de que tenían obligación de realizar cambios en la instalación del gas. Los operarios emitían factura y exigían el pago inmediato e iban provistos de una terminal para pago mediante tarjeta de crédito, si las víctimas manifestaban carecer de efectivo en la casa.
