Intervenida una tonelada de material para venta ambulante ilegal

Una intervención conjunta contra la venta ambulante ilegal de las policías locales de los municipios de Benalmádena y Torremolinos, en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, ha culminado con la incautación de 1.000 kilos de productos de origen irregular destinados a la venta ilegal en la vía pública.
La actuación, realizada el pasado 2 de agosto, comenzó a las 21.00 horas en el paseo marítimo a la altura del arroyo el Saltillo, límite geográfico de los términos municipales de Torremolinos y Benalmádena, y enclave donde llegan a juntarse hasta 70 personas que ejercen la venta ambulante supuestamente ilegal, optando por la concentración para protegerse de posibles identificaciones y facilitar su huida.
En el dispositivo de la intervención participaron 60 agentes, y mientras los efectivos de las policías locales se ocupaban de sancionar la venta ambulante ilegal y la ocupación irregular de la vía pública, los policías nacionales controlaban las posibles sanciones por extranjería y estancias ilegales en territorios, según han detallado desde el Ayuntamiento de Benalmádena en un comunicado.
Según ha detallado el concejal de Seguridad de Benalmádena, Javier Marín, "se trata de la mayor incautación puntual realizada por la Policía Local", con cerca de 3.000 objetos requisados, entre relojes (155), gafas (200), 'spinners' (14), juguetes (27), gorras (80), zapatos (865 pares), bolsos (46) y monederos (182); entre otros objetos.
Todos los objetos fueron hallados abandonados en la vía pública, e incluso algunos fueron arrojados al mar en el momento de la llegada de los agentes. Por este motivo, no se han podido vincular los objetos requisados a los presuntos vendedores, y la Policía Nacional procedió a una sola detención por extranjería.
"Esta actuación supone un esfuerzo conjunto para atajar el grave problema que padecemos con la venta ambulante ilegal: además de los delitos vinculados a esta actividad, la concentración de los vendedores en el paseo marítimo supone un deterioro de nuestra imagen de cara al visitante y de la calidad turística que siempre debe caracterizar a la Costa del Sol como destino", ha sostenido Marín.
Así, ha aclarado que, "además de evitar el daño que supone esta actividad para el comercio local", desde el Ayuntamiento "seguimos intentando trabajando para buscar vías para que estos vendedores puedan ejercer una actividad comercial legal".
Debido al elevado volumen de productos incautados, hubo que solicitar la colaboración de los Servicios Operativos para darles traslado en un camión. El material, tras dar cuenta de los productos incautados en el juzgado y transcurridos los trámites administrativos premios y los plazos oportunos, será destruido en la planta de residuos de Casares.