En lo que Vargas califica de “incremento espectacular” de estas penas, 676 personas han sido condenadas a entre seis meses y tres años de cárcel por haber cometido infracciones de circulación con resultados muy graves (muertes o lesiones medulares y cerebrales) o por conducta “multirreincidente”.
Sin embargo, las penas de prisión son sólo una pequeña parte del total de condenas por infracciones de seguridad vial consideradas delitos desde la reforma del Código Penal en diciembre de 2007: desde el pasado enero, se han impuesto 48.484, la mayor parte por alcoholemia o por circular sin permiso.
En concreto, la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas ha sido la causa de más de la mitad de las condenas (24.671), y las motivadas por conducir sin permiso han superado también las 20.000.
El fiscal ha señalado que este incremento no se debe “a que haya más delitos, sino a una mejor aplicación de la ley”.
Según recoge el informe, los procedimientos relacionados con la seguridad vial se duplicaron el año pasado con respecto a 2007, en que comenzaron a tratarse estas conductas como delitos, y constituyen ya más del cuarenta por ciento del total de juicios rápidos.