La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha reiterado la petición de hacer las modificaciones necesarias para que la ley proteja a mujeres en "circunstancias" como la de Juana Rivas, que se enfrenta a 5 años de cárcel por llevarse a sus hijos tras denunciar maltrato.
A preguntas de los periodistas durante un acto en Granada, Sánchez Rubio ha explicado que la Junta respeta el trabajo judicial y no ha querido valorar la petición de la Fiscalía para Juana Rivas.
El Ministerio Público ha solicitado en su escrito provisional de acusación para esta vecina de Maracena (Granada) cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores al haber permanecido un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, al que denunció por maltrato.
La consejera de Igualdad ha recordado que la Junta ha acompañado el "sufrimiento" de esta mujer que "huyendo de lo que ella formuló como una denuncia de malos tratos", se vio "afectada".
Ha reiterado además la petición de que se realicen las modificaciones necesarias para que la ley proteja a las mujeres en circunstancias similares.
"Esas modificaciones están comprometidas y contempladas en el Pacto de Estado de lucha contra la violencia de género, que hay que aplicarlo ya para evitar que en situaciones como estas se puedan ver personas afectadas", ha recalcado la consejera de Igualdad.
Sánchez Rubio ha subrayado además que los niños son "víctimas directas" de esta violencia y los que padecen esta situación.
"Espero que al final el tema se resuelva teniendo en cuenta y en consideración todo lo que ha ocurrido con este caso, porque creemos que ha habido un gran sufrimiento por parte de esta madre", ha sentenciado Sánchez Rubio.
La defensa de Juana Rivas consideró tras el escrito de la Fiscalía que el caso tiene todavía "recorrido y posibilidades de defensa" por la supuesta situación de violencia de la que fue objeto.
Fue el 28 de agosto del año pasado cuando Rivas, tras un mes en paradero desconocido, entregó en dependencias de la Guardia Civil de Granada a sus dos hijos, de 3 y 11 años, que desde entonces viven con su padre en la isla de Carloforte, al sur de Cerdeña, donde se mantiene abierto un procedimiento civil para decidir sobre la custodia definitiva.
