El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha enviado a prisión al candidato a la Presidencia de la Generalitat Jordi Turull, a Carme Forcadell y a tres exconsellers en una jornada en la que ha procesado a 25 implicados en el "procés", 13 por rebelión, entre ellos Marta Rovira, que ha huido a Suiza.
Llarena ha activado además las órdenes europeas de detención contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers huidos, y ha pedido la detención internacional de Rovira, secretaria general de ERC.
El magistrado ha sentado las bases de su acusación contra la cúpula del proceso soberanista a partir de dos conceptos claves: hubo violencia alentada desde las instituciones en el camino hacia la independencia y ese plan no ha sido desactivado por el artículo 155 de la Constitución, sino que permanece "latente" a la espera de reactivarlo cuando sea posible.
Así lo ha plasmado en su auto de procesamiento y esos principios fundamentan su auto de prisión dictado contra Turull, Forcadell y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, pues justifica esa medida en el riesgo de que vuelvan a delinquir y en el de que se fuguen (agravado por la huida de Marta Rovira).
El procesamiento de la cúpula del "procés" por rebelión y las órdenes de prisión son un primer paso a su suspensión como diputados, medida que el juez tomará próximamente si el auto se convierte en firme, es decir, si se rechazan sus recursos. Los procesados tienen tres días para recurrir ante el juez y cinco en apelación ante la Sala del Supremo.
El juez atribuye ese delito (penado con hasta 25 años de prisión) a nueve integrantes del Govern que promovió el 1-O y la declaración unilateral de independencia: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antoni Comín y Dolors Bassa.
También a Marta Rovira, a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, al ex presiente de la ANC Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
El magistrado los considera el núcleo duro del "procés" y les achaca distintas responsabilidades en una estrategia "criminal" en la que sabían que sus acciones podían desatar "el fanatismo violento de muchos de sus seguidores".
De hecho, recuerda que los Mossos advirtieron a Puigdemont, Junqueras y Forn de que el 1-O habría "una escalada de violencia" y aún así lo mantuvieron.
Días antes, el 20 de septiembre, se produjo un acoso a la Conselleria de Economía que el juez compara con "una toma de rehenes mediante disparos al aire".
El que hubiera violencia en el intento de conseguir la independencia por la vía unilateral es un requisito imprescindible para el procesamiento por rebelión y el juez defiende con contundencia que así ocurrió.
Y sospecha que ese plan no ha quedado desactivado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino que los encausados pretenden retomarlo cuando se desactive.
El auto de procesamiento de hoy incluye además otros delitos que afectan a diversos inculpados y, así, el juez procesa a cinco exmiembros del Govern por malversación y desobediencia: Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret.
También resultan procesados por malversación el ex president Puigdemont, el que fuera vicepresident Junqueras y los siete exconsellers acusados de rebelión.
El juez cree que las exdirigentes de la CUP Anna Gabriel y Mireia Boya solo incurrieron en un delito de desobendiencia al no atender a las decisiones del Constitucional. Este delito no comporta penas de prisión, pero sí de inhabilitación. Por ese motivo, el juez no activa la orden de detención internacional contra Gabriel.
El mismo delito atribuye a los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet.
Deja fuera del proceso al expresidente de la Generalitat Artur Mas (pese a que le cita varias veces en el auto), a la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras.
Además, Llarena fija una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los catorce exmiembros del Govern procesados.
Dictado ese auto y celebrada la vista de medidas cautelares, el juez Llarena, de acuerdo con el criterio del fiscal, ha enviado a prisión a Jordi Turull en la víspera del pleno del Parlamento catalán en la que se iba a votar por segunda vez su investidura como presidente de la Generalitat.
Turull, por boca de su abogado, ha pedido que el pleno de mañana se mantenga y que le voten como presidente "por dignidad".
Junto a él, han vuelto a la cárcel de Estremera Raül Romeva y Josep Rull y a la de Alcalá Meco Carme Forcadell y Dolors Bassa (quienes no han esquivado la prisión a pesar de haber renunciado ayer a su escaño).
En el auto de prisión, el juez aprecia "un grave riesgo de fuga" de los procesados y de que vuelvan a delinquir, y se remite a su actuación pasada, cuando incumplieron las decisiones del Constitucional "de manera contumaz y sistemática durante los últimos años".
Llarena cree que la limitación de los derechos políticos de Turull responde a la "gravedad de los hechos" que se le imputan y a la "adecuada" protección de los bienes jurídicos, en este caso el ordenamiento del Estado democrático.
Recuerda, en este sentido, que estos derechos de los procesados no tienen "preeminencia" sobre los derechos que intenta proteger el juez al enviarles a prisión.
No irá a la cárcel de momento Marta Rovira, pero el juez ha ordenado su detención internacional tras fugarse a Suiza. El juez la atribuye un papel "esencial" en la coordinación del "procés".
También ha decidido Llarena activar la euroorden contra Puigdemont y los exconsellers Antoni Comin, Clara Ponsati, Meritxel Serret y Lluís Puig.
Las órdenes, tramitadas a través de Interpol, se cursarán a todos los países.
