La crisis social continúa en Nicaragua un día después de que la Conferencia Episcopal aceptara ser mediador del diálogo propuesto por el Gobierno para superar un conflicto que ha causado al menos 32 muertos y 428 heridos.
Este miércoles cientos de nicaragüenses, en su mayoría estudiantes, exigieron en las calles de Managua la liberación de los detenidos durante los enfrentamientos de la semana pasada que comenzaron por una fallida reforma a la seguridad social.
Las personas recorrieron unos dos kilómetros desde la Avenida Universitaria hasta llegar a una colina donde se encuentra la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), popularmente conocida como "El Chipote", ondeando banderas de Nicaragua, sosteniendo carteles con leyendas de "Liberen a los jóvenes", "Los queremos vivos" y "Somos estudiantes, no delincuentes".
Asimismo, durante el trayecto fueron gritando consignas para pedir justicia por la treintena de muertes y por la liberación de los estudiantes, constató Efe.
Pese a esas manifestaciones, que a diferencia de la de los primeros cinco días han transcurrido sin incidentes, la vicepresidenta del Gobierno, Rosario Murillo, destacó "las señales profundamente positivas de tranquilidad y normalidad que está emitiendo Nicaragua".
En su declaración diaria, la primera dama se refirió nuevamente al anuncio del Episcopado de actuar como mediador y testigo en un diálogo entre el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el Gobierno.
El cardenal Leopoldo Brenes dijo a Efe que hasta la tarde de este miércoles ninguna de las partes había avisado sobre el inicio del diálogo y que todavía no había fecha, ni lugar, ni definido los temas a tratar en este foro.
"Es difícil que digamos que vamos a tener el 100 por ciento de las condiciones, pero existe siempre el espíritu, puede haber heridos, pero hay que iniciar para que no existan más heridos, más muertos, más violencia", abogó.
Brenes dijo que están considerando abrir una oficina en la sede del Episcopado para "recibir propuestas de la población, de manera especial de los actores, que es la gente".
Están confirmados el Gobierno, el sector privado y la Conferencia Episcopal como mediador, pero numerosos sectores de la sociedad han pedido la presencia de los estudiantes, que han sido los protagonistas de las protestas.
Este día, la ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) responsabilizó al presidente Daniel Ortega de lo que definió como una "masacre estudiantil", en la que al menos 32 personas perdieron la vida, la mayoría de ellos estudiantes universitarios.
"El 23 de julio de 1959 (el presidente Luis) Somoza mató a 4 estudiantes, hoy estamos hablando de 32 personas muertas, la mayoría universitarios, podemos decir que Daniel Ortega tiene su propia masacre estudiantil", dijo la directora del Cenidh, Vilma Núñez, a Efe.
Las muertes, entre las que se cuentan dos policías, un periodista y un adolescente, ocurrieron entre el miércoles y el domingo pasado, cuando miles de personas fueron reprimidas por protestar en toda Nicaragua contra la administración de Ortega.
La defensora de los derechos humanos aseguró que la "masacre perpetrada" por Ortega fue "más perversa".
La poeta y escritora nicaragüense Gioconda Belli consideró que Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo "se sobrepasaron" con su actuar durante las protestas, y según dijo, humildemente deberían aceptarlo y renunciar.
"Es la única salida decente y digna que les queda", comentó la escritora, autora de la novela "El País de las Mujeres", ganadora del Premio Latinoamericano de Literatura La otra orilla 2010, en una declaración pública.
A pesar de que los enfrentamientos disminuyeron el lunes, ahora la población exige la renuncia de Ortega y Murillo porque los consideran represivos, corruptos, violadores de los derechos humanos y de las libertades públicas, entre otros.
