El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Fernando Macías, ha lamentado las declaraciones del delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Juan Luis Belizón, en el transcurso de una rueda de prensa sobre el Plan Romero y en la que fue preguntado por medios de comunicación por la sanción de la Junta de Andalucía a la empresa Pascual por el servicio de urgencias que viene prestando por su cuenta en el hospital de San Rafael de Cádiz, así como por la denuncia ante la Fiscalía anunciada por IU por los más de 164 millones de euros de beneficios ilícitos que según el informe del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía habría obtenido esta empresa de los servicios que presta al Servicio Andaluz de Salud.
Macías lamenta “el desconocimiento o escasa memoria” del delegado del Gobierno andaluz en Cádiz “cuando habla de Izquierda Unida y de la empresa Pascual”, por lo que aprovecha la ocasión para “recordarle que hace décadas que IU viene denunciando la situación de privilegio que la Junta de Andalucía lleva consintiendo a la empresa Pascual en el ámbito de la sanidad de la provincia; un privilegio que hace que se haya primado durante décadas a la sanidad privada por encima de la sanidad pública, y que hace también que dinero que tenía que haber ido destinado a la mejora de ambulatorios, a la apertura del HARE de Vejer o del hospital de La Línea o a dotar a la Sierra de Cádiz o a municipios como Sanlúcar o El Puerto de un hospital público, han ido a parar al bolsillo de un empresario”.
El coordinador provincial critica que la Junta de Andalucía, administración que “teóricamente debe proteger la sanidad pública de la voracidad sin fondo de parásitos y especuladores”, vaya a remolque de Izquierda Unida en casos como el de Clínicas Pascual. De igual forma, aclara que la iniciativa de IU Andalucía de poner en conocimiento de la Fiscalía que la citada empresa ha podido obtener un “beneficio ilícito” de 164 millones de euros mediante el posible uso de conductas anticompetitivas y de precios abusivos, ha sido determinado por un informe del Consejo de Defensa de la Competencia, lo que ha llevado a IU Andalucía a entender que “estamos ante hechos que podrían ser constitutivos de un delito de apropiación indebida”, algo que el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, “no debería obviar en sus divagaciones por una sencilla cuestión de sentido de la responsabilidad”.
Para Macías, la crónica de los hechos es perfectamente representativa del “absurdo bochornoso” en el que está cayendo la Junta con el tema Pascual, “el Consejo de Defensa de la Competencia emite un informe en marzo en el que habla de un beneficio ilícito de la empresa de más de 164 millones de euros y en el que se impone dos sanciones a la empresa de 2,6 millones cada una, por lo que suponemos que el empresario estará encantado con el resultado de la caja y el saldo a favor”.
Respecto a las supuestas alabanzas de Macías a los servicios de urgencias de los centros Pascual, el dirigente provincial señala que “las únicas referencias que el Sr. Belizón puede haber encontrado habrán sido para defender la buena labor que desarrollan los trabajadores de los centros Pascual, que nada tienen que ver con la política empresarial de la empresa o con la connivencia del SAS con ésta”.
En este sentido, el coordinador provincial recomienda al delegado del Gobierno andaluz en Cádiz “que se tome las próximas citas electorales que se avecinan con otro talante y demuestre menos nerviosismo”, y apunta que en parte “este nerviosismo es comprensible ante el papelón que a la Junta, al PSOE y a él mismo les ha tocado hacer en el caso Pascual, que no hay por dónde cogerlo”. Por otra parte, afirma que “desde IU nos alegramos por la preocupación que parece tener por la salud de IU, aunque preferiríamos que orientara estos esfuerzos a la defensa de los servicios públicos que deben recibir los gaditanos”.
Finalmente, Macías insiste en que, pase lo que pase con la denuncia ante la Fiscalía, “y puesto que conocemos el percal, desde IU no admitiremos que las sanciones, la devolución del dinero o cualquier otra consecuencia que acarree la voracidad sin escrúpulos de los propietarios de la empresa y la incompetencia de la Junta, recaigan ni sobre los trabajadores ni sobre los usuarios gaditanos, algo muy propio de quienes pretenden hacer negocio con servicios públicos y derechos fundamentales a costa de lo que sea”; y avisa de que “ese posible beneficio ilícito” debería devolverse a todos los andaluces “directamente desde el mismo bolsillo en el que ha caído” y nunca a costa de perjuicio alguno para la plantilla o los usuarios.
