El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación Municipal de Memoria Democrática, realiza este lunes un acto de reconocimiento y reparación a los trabajadores municipales víctimas de la represión que fueron sancionados, depurados y/o asesinados por motivos ideológicos o políticos tras el golpe de estado de 1936.
El acto consistirá en la colocación de una placa homenaje a las 19,30 horas y una conferencia en el Salón de Pleno a las 20,00 horas, sobre el contexto histórico de estos hechos, con la intervención del doctor en Historia y especialista en historia social contemporánea José Luis Gutiérrez Molina y la doctora en Historia y máster en Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima, Cristina López García.
Este homenaje se enmarca dentro de la declaración institucional aprobada en el Pleno correspondiente al mes de julio, consistente en el reconocimiento público a los trabajadores municipales represaliados tras el golpe de 1936 y durante la dictadura franquista
La declaración recoge que el triunfo de los golpistas en Cádiz tuvo como consecuencia inmediata la sustitución de las autoridades gubernamentales por otras, entre ellas las municipales. Así, al mediodía del 20 de julio tomó posesión del cabildo una junta gestora nombrada por el comandante militar golpista de la ciudad, José López Pinto. La conformaban militares retirados, auxiliados por algunos antiguos concejales derechistas, y la presidía Eduardo Aranda Asquerino, yerno de Ramón de Carranza.
Su mandato apenas duró una semana, hasta que el propio Carranza se hizo cargo de la Alcaldía. Unos días durante los que ya se realizaron los primeros ceses y despidos de funcionarios y trabajadores municipales.
El Ayuntamiento gaditano tenía casi 1.400 trabajadores entre policías municipales y serenos, personal de oficina, del Asilo de la Infancia, de los teatros Principal y Falla, temporeros, personal de rentas y exenciones, lonja, estadística, médicos, practicantes, laboratorio y farmacia, casas de asistencia pública, ordenanzas, telefonistas, trabajadores de los mercados, matadero, chóferes, bomberos, instrucción pública, jardines, cementerio, limpieza pública, vías y obras, servicios municipalizados de electricidad y aguas y otros diversos.
Los más numerosos eran los trabajadores de los Servicios Municipalizados, que incluía a centros establecidos en El Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando, cuyo número ascendía a más de 330. Le seguían los 161 de la limpieza pública, los 136 guardias municipales -166 si se le incluyen los serenos- y los 73 temporeros encargados de las más diversas tareas.
En el estado actual de la investigación, consta que fueron entre 516 y 544 los trabajadores municipales que en un principio figuraban como posibles víctimas de la represión tanto golpista como franquista. Sin embargo, conocemos el caso de 103 individuos que finalmente fueron repuestos en el cargo. Sabiendo esto, se puede hablar de un total de entre 413 y 441 víctimas, es decir, al menos un 29,92 por ciento de la plantilla.
