Los dos observadores internacionales en el referéndum independentista del 1-O de 2017 en Cataluña que estaban citados este miércoles por la sala que juzga el 'procés' han comunicado al Tribunal Supremo que no podrán acudir a declarar, según han informado fuentes jurídicas. De este modo, y de no modificarse el calendario del juicio la sesión se reducirá a los dos testigos de la mañana, que son trabajadores de la Generalitat para la difusión en el Exterior.
Estos dos testigos extranjeros que han comunicado su imposibilidad de asistir son el director del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya Paul Sinning y Helena Catt. Esta última es una consultora electoral del Reino Unido que estaba entre diez expertos que recibieron según la investigación del Juzgado número 13 de Barcelona un total de 112.993 euros como honorarios por su labor de observadores.
A expensas de conocer qué decisión adoptará el tribunal respecto a estas dos personas, solicitadas como testigos por las defensas, la sesión ha comenzado pasadas las diez de la mañana con la declaración de Jaume Mestre, actual responsable de Difusión Institucional de la Generalitat y que ya ejercía este cargo en el Govern de Carles Puigdemont.
EL TESTIGO DE LA TARJETA
Le seguirá Albert Royo Mariné, que fue secretario general del Consejo de la Diplomacia Pública (Diplocat) y con cuya tarjeta se abonaron, según la Guardia Civil, los gastos de los observadores internacionales en su viaje a Cataluña.
Según uno de los informes aportados a la causa del Juzgado 13 de Barcelona la Generalitat destinó 217.656 euros a pagos por los observadores y los gastos que generó la estancia de estos en Cataluña. De esta cantidad, se realizaron dos pagos desde una cuenta de la delegación de la Generalitat en la UE, cuyo responsable era Amadeu Altafaj, quien está imputado en la causa de Barcelona y tampoco declarará en el juicio en Madrid.
Parte de los gastos, que suman 119.700 euros, lograron ser documentados por la Guardia Civil, ya que el dinero correspondía a dos transferencias concretas realizadas por la delegación del Gobierno de la Generalitat en Bruselas a la sociedad The Hague Centre for Strategic Studies, que envió a los observadores.
