José Antonio López Esteras redobla su ofensiva para desatascar el tortuoso procedimiento concursal del Grupo Jale y depurar responsabilidades. Este jueves, el fundador del emporio dedicado a la construcción y los negocios inmobiliarios y turísticos remitió un fax al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, para pedirle amparo tras la denuncia cursada en mayo pasado contra el juez Manuel Ruiz de Lara ante la Fiscalía Anticorrupción.
López Esteras hace referencia en dicha denuncia a un posible delito de corrupción y crimen organizado por parte del magistrado por nombrar “a dedo” como administrador concursal de la firma al abogado Pedro Bautista Martín Molina. En el documento, el fundador del Grupo Jale vincula a Ruiz de Lara y Martín Molina, con quien, asegura, “mantiene relaciones comerciales y de amistad”.
Así se demuestra, relata López Esteras, “con las más de 18 fotografías que su amigo P. Bautista Martín Molina publica en las redes sociales y además en su (cuenta de) Twitter @ManuelRuizdelar (...) el tener en su página principal fija un anuncio a toda pantalla de LEGAL y ECONÓMICO Administradores Concursales SLP (...) propiedad del Sr. Bautista Martín Molina”.
Asimismo, expresa sus sospechas de que, “dado que el magistrado también ejerció ese mismo cargo en los seis concursos de acreedores de empresas del Grupo Jale, “igualmente ha podido cometer disfunciones judiciales en esos otros procedimientos”, por lo que pide al presidente del TSJA que “una vez tenga conocimiento de los hechos que en ellos se denuncian, B”.
López Estera asegura que las consecuencias de la actuación del juez Ruiz de Lara “siguen afectando de forma negativa a miles de familias”, sin que las referidas disfunciones judiciales cometidas, a su juicio, hayan sido corregidas.
El empresario volvió a ser noticia a finales de diciembre, cuando se hizo pública la sentencia firmada por la juez Susana Martínez del Toro que desestimaba las peticiones del Ministerio Fiscal y la Administración Concursal y determinó que el concurso voluntario de acreedores presentado en 2008 fue fortuito y no obedeció a una estrategia dolosa de sus propietarios y gestores. “No se ha acreditado que hubiera carácter fraudulento en los traspasos que hubo entre las empresas del grupo antes de la solicitud del concurso”, especialmente entre Inmobiliaria Amuerga SL y Jale Construcciones, porque con ellos no se favoreció ni a una ni a otra, dado que todas han acabado en liquidación, señalaba el fallo.
López Esteras pidió a los acreedores en una entrevista en estas páginas “que se unan y reclamen al juzgado mercantil todo lo que se les adeuda”.
