La etapa de Ignacio Caraballo al frente de la Diputación de Huelva llega a su fin. El socialista ha hecho efectiva en la tarde de este jueves su dimisión como presidente de la institución provincial.
Según ha podido saber Viva Huelva, se trata de una decisión motivada por los últimos acontecimientos judiciales, y por el momento sigue al frente de la secretaría provincial del partido. De este modo, tras casi diez años al frente de la Presidencia del ente provincial y otros 17 en la Alcaldía de Chucena, antes había sido diputado y vicepresidente primero y ahora pone fin a su etapa como representante público.
En un comunicado remitado por la Diputación onubense se confirma que Caraballo ha presentado este jueves un escrito en el registro de la institución donde explica los motivos de su renuncia. Según reza el documento, el presidente de la institución ha decidido dar este paso por “motivos personales” y como “un ejercicio de responsabilidad” ante la institución que representa, debido a “la campaña de acoso constante” a la que ha sido sometido en los últimos meses.
Se trata, según ha reconocido, de una “decisión profundamente meditada y que tenía prevista hace ya bastante tiempo”, al ser consciente de la necesidad de un relevo generacional después de casi diez años como máximo responsable de la institución provincial, y que se ha visto precipitada debido a que, la campaña anteriormente mencionada, “no solo se ha ceñido al ámbito político, sino que ha saltado al ámbito personal”, teniendo “consecuencias muy dolorosas” tanto para él como para su familia.
Hay que recordar que, además de estar investigado en el denominado ‘caso Aljaraque’, el pasado viernes se dio a conocer desde el PSOE de Huelva la existencia de una denuncia de una exmilitante socialista por un supuesto caso de violencia de género contra Caraballo. El socialista, que insiste en que se trata de una denuncia “falsa”, declaró ese mismo día y el Juzgado de Violencia contra la Mujer no tomó las medidas cautelares solicitadas por la demandante. El partido anunció en el mismo comunicado que, en cualquier caso, presentará una querella “por denuncia falsa”.
Todo esto ha precipitado los acontecimientos, de modo que el próximo viernes 6 de noviembre se dará cuenta de esta dimisión para su conocimiento en el pleno ordinario, fecha en la que está prevista su celebración. A partir de ahí, se abre un proceso de diez días para la convocatoria de un pleno extraordinario, donde se votará la presidencia de la Diputación de Huelva, propuesta que será previamente aprobada por la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva.
Y es que una vez comunicada su dimisión, el sábado se reunirá la Ejecutiva Provincial del PSOE, pues tiene que convocarse con 48 horas de antelación, para proponer a su sucesor o sucesora.
Se activa así el proceso interno de partido para designar quién ocupará la presidencia de la Diputación de Huelva. La propuesta de la Ejecutiva Provincial se elevará a la Federal, que tiene que dar el visto bueno a través de la Comisión Federal de Listas.
Balance
En relación a su mandato, Ignacio Caraballo ha querido destacar que la Diputación se ha convertido en un “instrumento eficaz y cercano para los alcaldes y alcaldesas de Huelva, como se ha demostrado, especialmente, en estos tiempos de pandemia”. A su juicio, el ente provincial ha sabido adaptarse a las nuevas demandas de la ciudadanía y se ha convertido en una administración “ágil, eficaz y transparente, como lo atestiguan diversos organismos independientes”.
Tales logros los atribuye al impulso que dieron a esta vocación municipal los anteriores presidentes y presidenta de la institución, así como a las personas empleadas de la Diputación, a las que agradece su implicación y profesionalidad.
“Presidir el Ayuntamiento de los ayuntamientos es, junto con el honor de ser alcalde, una de las mayores aspiraciones para un municipalista convencido como soy”, ha señalado. Precisamente, por este motivo, y en el afán de “no manchar el nombre de la institución”, asegura, ha tomado esta “dolorosa decisión” de abandonar la presidencia del organismo provincial.
