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San Fernando

A modo de resumen, Costas ha dejado meridianamente claro que la Casería sí se toca

Ni siquiera ha podido cumplir la petición de parar los derribos hasta tramitarse la declaración de interés general porque ésta estaba en un cajón de la Junta.

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  • Casería de Ossio.

De aquí en adelante lo que queda son las polémicas políticas buscando réditos, titulares y votos para las próximas elecciones.    

Costas ha dejado claro que no va a aprobar la declaración de interés general, que es lo mismo que poner el punto y final a la polémica y que las casetas se van a derribar. Existe además un proyecto pendiente de las aportaciones municipales y un plan B del Gobierno local por si el plan A no funcionaba, como va a ocurrir.    

El Ayuntamiento, en cumplimiento del mandato del Pleno, habilitará casetas para los pescadores -siete pescadores independientemente de haya más que se dediquen al marisqueo, pero lo que valen son las licencias- y se las cederá fuera del dominio público marítimo-terrestre.    

No hay posibilidad de presionar desde la sociedad para un tema que cuenta con el amparo de una Ley de Costas ni debería haber cinismo posible en partidos que siempre han defendido el derribo de las casetas, caso del Partido Andalucistas al que pertenecía Francisco J. Romero.    

En estos días se han sabido más cosas que dejan claro que Costas es la única Administración que se ha movido y que no lo ha hecho con deslealtad a nadie como se decía. O sea, que debería esperar a que se resolviera la declaración de interés general.    

El viernes pasado Costas remitía al Ayuntamiento un escrito vía correo electrónico, a la vez dirigido a la Junta de Andalucía, en el que se hacía eco de la petición de esa declaración y pedía a la Junta que iniciara el procedimiento al ser ese tipo de concesiones de su competencia.    

Eso ocurría un día después de que el delegado territorial de agricultura dijera en La Isla, acompañado de José Loaiza, que a la Junta no se le habíoa solicitado tal declaración, cuando esa declaración entró en el registro de la Junta de Andalucía el 11 de diciembre de 2020 desde el Ayuntamiento y el 29 del mismo mes desde Costas.    

O sea, que puestos a ver las cosas e independientemente de que el Gobierno municipal estuviera de acuerdo con el proyecto de la Casería -con sus matizaciones posteriores- y mantuviera reuniones con Costas al respecto, fue también el único que cumplió con lo mandado por el Pleno: envió la solicitud de la declaración y preparó el plan B para los pescadores.      

Así no es de extrañar que entre los que sabían más de lo que decían y los que hablaban sin saber, Costas ha tenido cinco hermosos meses para seguir los trámites de los derribos sólo pendientes de los dos casos que están en el juzgado, el de Bartolo y la Corchuela.    

Ya no es que no atendiera la petición de que parara los derribos mientras se procedía a estudiar y dirimir sobre la declaración de interés general.    

Es que no podía esperar a declaración alguna porque hasta el día 28 de este mes de mayo no se dieron cuenta en la Junta de Andalucía que desde el 11 de diciembre estaba presentada la solicitud y que Costas también instó a la Junta a tramitarla el 29 de diciembre, en ambos casos de 2020. O sea, que todo empieza ahora.    

Ahora incluso ha empezado el procedimiento de Costas para que la Junta de Andalucía retire la concesión a la Cantina de la Titi, al Bartolo, porque se concedió sin el consentimiento del organismo del Estado. Fíjense si han dado tiempo a sacar trapos sucios mientras en la Junta no sabían que había una demanda del Ayuntamiento de San Fernando y otra de la Demarcación de Costas.

Queda guerra

Queda leña en el horno para los próximos meses y los partidos políticos de la oposición por un lado y del Gobierno por otro -lo de la unión de todos es la mentira más gorda que se ha dicho en todo este asunto- seguirán intentando mantener los ánimos calientes de los pescadores y de los vecinos en su guerra particular por un puñado de votos. O porque los pierda quien más ganó.    

De todas formas es absolutamente legítimo mantener la esperanza y a fuerza de legitimidad, que los partidos sigan insistiendo en levantar la moral de los vecinos, aunque no sea con soluciones sino como se ha hecho hasta ahora, haciendo ver lo más que lo han hecho los demás.    

Ninguno de ellos contará a los interesados que existe una Ley de Costas que no los ampara y que las soluciones alternativas pasan por la diligencia del Ayuntamiento a la hora de poner el dinero público para atender problemas particulares en aras de la solidaridad entre vecinos.    

De lo que se va a librar

La semana pasada publicaba este periódico la hipótesis de que finalmente se concediera la Declaración de Interés General a aquella zona de la Casería, aunque lo ponía como improbable. Y advertía que eso suponía para el Ayuntamiento e San Fernando asumir la tutela de la zona desgajada del dominio público gracias a esa figura.    

Se hablaba también de la necesidad de justificar la propiedad de las casetas y de los establecimientos hosteleros y se decía que en caso de que no se pudieran justificar, el Ayuntamiento sería el propietario, el encargado de adaptar las casetas a la legislación vigente, de dotarla de los servicios públicos. Todo con cargo al presupuesto municipal.    

Se habla de una asociación de pesca tradicional para proceder a las concesiones como si las licencias de pesca las dieran en el quiosco de la esquina. Y todos se quedan tan contentos sin nombrar el complicado entramado administrativo que eso conlleva. Y que no es tan sencillo.

Gracias a Costas y por culpa de la Ley, ya casi con toda seguridad en aquella zona habrá una obra de regeneración, se habrán ubicado los pescadores en casetas construidas por el Ayuntamiento y cedidas a los profesionales y sólo queda buscar una solución, también difícil, para los dos establecimientos hosteleros.    

También este periódico decía a finales del año pasado que se estaba apuntando mal al optar por la mayor en vez de intentar salvar sólo la hostelería de la zona, que había precedentes en la costa como para que se reconsiderase una solución, aunque fuera con tiempo de caducidad.    

No se hizo. Cundió al pánico y los políticos sacaron las espadas de las acusaciones, las notas de prensa y la solución que se quedó en el registro de la Junta de Andalucía durante cinco meses.    

Y eso que faltan dos años para las elecciones. Dos años para cambiar el discurso y si aquello al final queda bonito, aunque pierda la esencia que tiene ahora mismo, todos los partidos del gobierno y la oposición estarán en otra guerra distinta creando problemas nuevos que les permita sobrevivir.

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