La Policía Nacional han detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz) a tres mujeres que habían instalado un prostíbulo en una casa, en la que mantenían a chicas que, bajo sus órdenes y control, desarrollaban los servicios sexuales que ellas concertaban.
La principal acusada es una mujer brasileña y con nacionalidad española que se dio de alta como autónoma de una empresa ficticia de mensajería y reparto que ella misma creó.
La mujer, residente en San Fernando, alquiló una vivienda unifamiliar en Valdelagrana para establecer allí su verdadero negocio, una casa de citas en la que otras mujeres realizaran los servicios sexuales con los que ella se lucraba.
Pagaba un sueldo fijo al mes a otra mujer que ejercía las labores de controladora de las chicas, y que para ello, tenía instalada su cama en el salón de la vivienda.
Así podía abrir la puerta a los clientes y permitir el acceso a los dormitorios ubicados en la primera planta.
Desde el salón también podía controlar la situación con un circuito de vídeo vigilancia que grababa a todas las personas que accedían a la casa de citas y a las mujeres.
La "jefa" de la casa de citas y la controladora ofrecían los servicios sexuales de las mujeres a través de quince líneas telefónicas que se publicitaban en distintas páginas web.
La chicas que ejercían la prostitución en la casa son extranjeras, algunas en situación irregular, sin posibilidad de encontrar trabajo en España por lo que se veían obligadas a aceptar las abusivas condiciones en las que trabajaban en la casa.
Así tenían que estar disponibles las 24 horas del día, no negarse a realizar ningún servicio que se le ofreciere, acudir a domicilios de clientes u hoteles y ofrecerles droga.
A la finalización del servicio, el cliente pagaba siempre a la controladora de las chicas, nunca directamente a éstas.
Cada cierto tiempo les entregaban una parte de sus ganancias a las chicas, que con ellas tenían que contribuir al pago del alquiler de la casa de citas.
Tras casi un año de investigaciones, el pasado 9 de junio el juez autorizó la entrada y registro de la vivienda, el domicilio de San Fernando de la "jefa" de la casa de citas, así como de un chalet que tenía en Chiclana de la Frontera.
En el momento de la entrada en la casa de citas, estaba en el interior la controladora durmiendo en el salón y dos chicas extranjeras en la primera planta.
En el registro se intervinieron diversa documentación sobre ganancias, contabilidad, facturas, 4.100 euros en efectivo, 17 teléfonos móviles y cocaína que facilitaban y ofrecían a los clientes, por lo que han sido también acusadas de un delito contra la salud pública.
