El último año y medio ha sido extraordinariamente duro para los trabajadores y las trabajadoras de este país. Pocas buenas nuevas han brillado en el maremágnum de malas noticias que ha traído consigo la pandemia. Pero si de algo podemos estar satisfechos es de los resultados del Diálogo Social entre sindicatos, Gobierno y organizaciones empresariales. Ante el ruido que genera mucha de la política que desgraciadamente se viraliza en este país, está el trabajo silencioso pero incansable de los agentes económicos y sociales que, una vez más, hemos vuelto a poner los intereses del conjunto de la ciudadanía por encima de los propios.
El último fruto del acuerdo entre CCOO, UGT, el Gobierno de España, CEOE y Cepymees una reforma para el sistema público de pensiones que corrige la de 2013, garantizando el poder adquisitivo de las personas pensionistas conforme al IPC, derogando el Factor de Sostenibilidad y, muy especialmente, mejorando la financiación del sistema para no deteriorar las pensiones de las futuras generaciones que llegan a la jubilación. Un acuerdo que lanza un mensaje de tranquilidad y de certidumbre para los actuales y futuros pensionistas.
Este acuerdo es importante por la forma y por el fondo. Por la forma, porque recupera la senda del consenso que el PP rompió hace ocho años. Por el fondo, porque da un giro de 180 grados a la manera en la que afrontamos el reto de conceptualizar nuestro sistema público de pensiones. Si es cierto que en el futuro habrá más pensionistas, que vivirán más años y que cobrarán pensiones más cuantiosas, podemos hacer dos cosas: o recortar las pensiones o aumentar los ingresos. En 2013, el PP apostó por el primer caso. Ahora, los agentes económicos y sociales y el Gobierno hemos acordado cambiar ese rumbo para garantizar pensiones dignas.Por eso, creemos que este es un acuerdo para quienes cobran pensiones hoy y para quienes las cobrarán en el futuro. Había que mirar con luces largas y así se ha hecho.
Y es que en ningún sitio está escrito que el sistema público de pensiones no pueda ser viable. Ni que nuestra juventud que hoy está sufriendo una enorme precariedad laboral o el paro no pueda cobrar pensiones en el futuro. Tenemos que relegitimar en los jóvenes la idea de que pueden tener una pensión pública, que estas no tienen por qué financiarse solo con cotizaciones sociales y que, en cualquier caso, estas medidas siempre dependerán de la voluntad política y de cómo los sindicatos de clase y las organizaciones sociales podamos presionar para condicionar estas decisiones.
El acuerdo es, sin duda, un gran avance para garantizar la suficiencia, equidad y revisión periódica de nuestro sistema público de pensiones y debe marcar un punto de inflexión para continuar llevando a la práctica propuestas de CCOO como la mejora de las pensiones mínimas y las no contributivas o el incremento de las bases máximas de cotización.
Queda mucho por hacer, pero, sin duda, este es un gran paso firme y decidido en la senda correcta para garantizar el futuro de nuestro sistema público de pensiones.
