La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha suspendido el juicio previsto para este lunes a tres empresarios acusados de fraude de subvenciones públicas “tras apropiarse, según recoge el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, de una ayuda pública de medio millón de euros concedida a una empresa de Alcalá la Real”, según ha informado Europa Press. En concreto, dicha ayuda concedida en forma de préstamo “no se destinó al fin para el que había sido solicitada y que era la puesta en marcha de una fábrica de coches de lujo”. El motivo de la suspensión ha sido la incomparecencia de uno de los tres acusados que “al que no se le pudo notificar desde el Juzgado de Instrucción el auto de apertura de juicio oral y al que no se había declarado en rebeldía. Ha sido el la defensa de los otros dos acusados, padre e hijo, la que ha pedido la suspensión por entender que debían comparecer los tres para no generar indefensión a sus clientes”.
Tras la deliberación pertinente, el tribunal ha optado por suspender el juicio y devolver la causa a instrucción con el objetivo de que la Audiencia pueda volver a fijar una nueva fecha con los tres acusados al entender que deben ser juzgados conjuntamente y no por separado tal y como habían planteado el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado.
Los hechos en cuestión, según recoge el escrito de calificación provisional al que ha accedido Europa Press, se remontan al 30 de junio de 2011 “cuando el acusado J.I.H.S., como administrador único de la mercantil Automóviles Singulares S.L., obtuvo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo la cantidad de 500.000 euros. Dicha cantidad obedecía a "una ayuda concedida en un plan de reindustrialización consistente en un préstamo sin interés a devolver en diez años". El dinero estaba destinado a "llevar a cabo el proyecto de industrialización de procesos productivos de vehículos singulares", o lo que es lo mismo, la fabricación de vehículos de lujo.
Como toda ayuda pública, el dinero estaba condicionado al cumplimiento de los objetivos fijados por la propia administración y de los que, según hace constar el Ministerio Fiscal, era "conocedor" J.I.H.S.
El 7 de junio de 2012, al advertir la Administración de que el dinero no se estaba destinando a la finalidad autorizada, se requiere a J.I.J.S. para que justifique el uso del dinero. Finalmente, en mayo de 2013, el Ministerio ordena la devolución al Tesoro Público de la cantidad prestada más 45.479 euros en concepto de intereses al "incumplirse por el acusado las condiciones de la financiación".
Asimismo, recoge Fiscalía, que "pese a los esfuerzos de la Administración en lograr la devolución de las cantidades indicadas, ha resultado imposible al descapitalizar la empresa el acusado". Añade que el acusado "no tuvo intención alguna de destinar el dinero prestado al fin autorizado.
De hecho, transfirió a la empresa de su propio padre y también acusado en esta causa, J.H.G., 336.525 euros. Lo hizo, según el fiscal, sabiendo su padre "de los fines espurios" de la operación" porque "tal cantidad no obedecía a prestación real alguna, si bien la citada mercantil emitió factura simulando que se había realizado un trabajo para la mercantil del acusado J.I.H.S.".
Con la misma finalidad, el acusado transfirió 150.225 euros a una empresa de catering cuyo administrador, M.Á.V.D., es el que no se ha personado en el juicio. El resto del dinero hasta los 500.000 euros "se lo quedó el propio acusado J.I.H.S. que lo retiró por ventanilla".
El Ministerio Fiscal concluye que además de no cumplirse con los términos de la ayuda pública recibida y "cuando la administración intentó recuperar el dinero, los acusados puestos igualmente de acuerdo burlaron el acreedor que no ha conseguido la devolución de cantidad alguna".
Los hechos han sido calificados inicialmente por el Ministerio Fiscal como constitutivos de un delito de fraude de subvención o ayudas y un delito de alzamiento de bienes. De estos dos delitos es responsable J.I.H.S., mientras que los otros dos lo son, según Fiscalía, como cooperadores necesarios.
Por los delitos, el Ministerio Fiscal reclama tres años de prisión para cada uno de los tres acusados, multas de un millón de euros también para cada uno de ellos, otra multa de 4.800 euros, y la devolución del medio millón de euros de la ayuda, más los intereses correspondientes.
