El Ministerio de Fomento ve "imposible" cumplir con los plazos que anunció el anterior departamento para volver a licitar a partir de este mes las autopistas de peaje en quiebra que han revertido al Estado y ha reconocido que el proceso está en fase demasiado inicial para se produzcan antes de 2019.
En este sentido, Fomento asegura que los pliegos para licitar estas autopistas "no están listos".
Según fuentes del departamento, su tramitación está sujeta a informes y respuestas de muchos órganos y departamentos, cuya elaboración "alarga irremediablemente" el proceso más allá de las estimaciones "voluntaristas" del anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
En este contexto, y dado que no se podrán sacar a licitación estas autopistas en los plazos que había previsto el anterior ministro, Fomento está trabajando para prorrogar el convenio con Seittsa a fin de que la sociedad pública pueda seguir gestionando estas autopistas tras la liquidación de las sociedades concesionarias que las explotaban con anterioridad.
El actual equipo de Fomento también confirma los planes de su antecesor para incluir en este proceso de relicitación a la autopista AP-41, que discurre entre Madrid-Toledo y que está pendiente de la fase de liquidación.
Con todo ello, el objetivo es que esta carretera revierta al Estado y pase a ser gestionada por la empresa pública Seittsa, al igual que ha ocurrido con la R-2, R-3, R-4, R-5, AP-36, AP-7 Cartagena (Murcia)-Vera (Almería), Circunvalación de Alicante y M-12 Eje Aeropuerto en lo que va de año.
El actual equipo del Ministerio de Fomento no ha concretado de momento los ingresos que podrían obtenerse con la relicitación de dichas autopistas, un importe que De la Serna calculaba que estaría entre los 700 y los 1.000 millones de euros y serviría para minorar el impacto de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).
De hecho, el Gobierno tiene previsto analizar el resultado de los estudios de viabilidad económico-financiera antes de hacer estimaciones de los ingresos por relicitación y apunta que los cerca de 4.000 millones que reclaman los fondos de inversión que compraron la deuda de las autopistas responden a sus propias estimaciones e intereses.
La decisión administrativa de relicitar las autopistas quebradas, que fue iniciada por el anterior ministerio, no contradice el compromiso político que ha adoptado el actual ministro, Jose Luis Ábalos, para eliminar los peajes y revertir al Estado las autopistas cuya concesión está próxima a finalizar.
Es el caso de la autopista AP-1 que une Burgos y Armiñón (Álava), la AP-7, que discurre entre Alicante y Tarragona, y la AP-4, que conecta Sevilla y Cádiz.
"El Gobierno actual está obligado a gestionar esos casos heredados pensando en el interés general y condicionado por las liquidaciones acordadas por los tribunales", apuntan las mismas fuentes.
Añaden que las licitaciones de las autopistas quebradas salieron adelante con estimaciones de tráfico superiores a las que finalmente hubo, un efecto que se vio agravado por la crisis y el elevado coste que alcanzaron las expropiaciones, lo que abocó a estas concesionarias al concurso de acreedores.
Entre los planes del anterior ministro de Fomento estaba relicitar estas autopistas en dos bloques, por un lado las de Madrid y su entorno -el lote más atractivo para los inversores y de mayor rentabilidad- y por otro las dos autopistas del eje del Mediterráneo.
Con el aplazamiento de la licitación de estas autopistas, se aplazará también el impacto que pueda tener la RPA en el déficit público.
