El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha defendido este jueves que el cierre del centro de internamiento de menores infractores de Purchena (Almería) se hace "con rigurosidad" desde "datos objetivos" relativos al índice de "inserción" y ha asegurado que la decisión responde al criterio de jueces y políticas de reinserción que "dicen que hay que acercar a los menores a sus familias".

"Ese es el único objetivo que nos tiene que mover, no nos equivoquemos", ha dicho Juan Marín a la pregunta en el Parlamento andaluz del diputado del PSOE por Almería, José Luis Sánchez Teruel, quien le ha advertido de que "se ha quedado solo" en una decisión "que no apoyan ni compañeros suyos como los alcaldes de Tíjola y Lúcar" y le ha conminado a "buscar una alternativa" para que el centro siga abierto.

El vicepresidente de la Junta ha insistido en que los "datos objetivos" sobre reinserción y la procedencia de los menores infractores que pasan por el centro de Purchena "hacen que no se pueda continuar con este servicio en la localidad", que cesará el 31 de diciembre, y ha insistido en la "necesidad" de que se "acerque a los menores a sus familias".

Según los datos que ha aportado, actualmente están internos cinco menores de Málaga, cuatro de Granada y uno de Algeciras. "El que está más cerca de su familia está a 146 kilómetros", ha dicho.

Marín ha aludido, asimismo, a que la provincia de Almería cuenta con tres recursos para el internamiento de menores infractores con "211 plazas masculinas y 16 femeninas" mientras que la provincia de Granada cuenta con "un centro con 14 plazas masculinas". Son más de 211 plazas para 77 menores", ha enfatizado.

Con respecto a la inserción, el vicepresidente del Gobierno andaluz, a raíz de la solicitud de empresarios del mármol y de la multinacional Cosentino alineándose entre los que demandan que se mantenga abierto el centro, ha precisado que "en cinco años, 43 menores han realizado actividad laboral remunerada", pero, según ha matizado, "solo nueve lo han hecho fuera de la empresa pública Inserta y ninguno lo ha hecho en actividades relacionadas con el mármol o derivados".

Marín también ha aludido a la situación de los trabajadores y ha señalado que "no se ha despedido absolutamente a nadie" y, tras remarcar que el centro lo gestiona una entidad privada que presta el servicio público, ha indicado que de los 43 trabajadores, "algunos han sido reubicados en otros centros y el resto se acogido voluntamente a un ERE en condiciones muy ventajosas". "De forma voluntaria, insisto", según ha remarcado.

"SIN VOLUNTAD POLÍTICA", SEGÚN EL PSOE

En su interpelación, el parlamentario socialista José Luis Sánchez Teruel ha asegurado que, con la "decisión política" de no renovar las plazas que hasta ahora tenía contratadas este centro para atender a 32 menores infractores, Marín "se queda solo".

"Ni los miembros de su partido le apoyan, está usted solo en la decisión de cerrar y, lamentablemente para el centro, para sus trabajadores, sus familias, para los empresarios, sindicatos, abogados, los menores y la Comarca del Almanzora entera, usted es el que decide", ha subrayado.

Sánchez Teruel ha añadido que, con el cierre, Marín le está "dando la espalda a los alcaldes de Ciudadanos, del PP y de PSOE" de la comarca del Almanzora que le han pedido, mediante acuerdo de sus plenos, que mantenga el centro abierto" y ha advertido de que, "al empeñarse en eliminar las plazas también le está dando la espalda" a los empresarios de la Comarca del Almanzora, a la Asociación de Empresarios del Mármol, a Cosentino, a los sindicatos y al Colegio de Abogados de Almería.

"Todos ellos han pedido públicamente que se mantenga este centro, con el que vienen colaborando y trabajando desde hace más de 16 años, con magníficos resultados de reinserción y de reeducación de los menores infractores", ha trasladado.

En esta línea, ha resaltado que "los más perjudicados por este cierre serán los trabajadores del centro, que ya tienen un ERE extintivo que supone la desaparición de más de una treintena de puestos de trabajo, a los que hay que sumar la desaparición de una quincena de puestos de trabajo en la empresa de seguridad".

El responsable socialista ha recordado al consejero que "existen alternativas" al cierre, que "van desde mantener las plazas hasta reordenar los programas de justicia juvenil existentes en la provincia de Almería", de manera que el centro de justicia juvenil "se convierta en un centro terapéutico para programas especiales de violencia familiar, para personas con problemas relacionados con las drogas o la salud mental o se convierta en un medio abierto especializado en inserción laboral".